“Crónica de una Muerte Anunciada” es el título de una magnifica obra de Gabriel García Márquez, y describe perfectamente la situación de los derechohabientes o de quienes con la eliminación del seguro popular quedaron marginados de los servicios de salud., el ISSSTE y el IMSS, saturados y el INSABI o el IMSS Bienestar, letra muerta.

Esta administración se ha encargado de destruir todo lo que venía de los gobiernos anteriores, ya sea cancelando, desmantelando o como víctimas de la malentendida ”austeridad republicana”.

Pero hay un sector en el que el gobierno de la República se ha visto especialmente ineficiente, lo grave es que este atenta contra la salud de los mexicanos y contra su legítimo derecho a contar con un servicio digno.

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El fracaso del INSABI

El Seguro Popular que servía y atendía principalmente a la población de escasos recursos sin acceso a la seguridad social, fue destruido por capricho y para sustituirlo se creó el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) que resultó un fracaso absoluto.

Después de tres años de creado el INSABI, por Decreto presidencial publicado en agosto del presente año, se creó el IMSS-Bienestar que asumiría buena parte de las funciones del malogrado INSABI.

En otras palabras, en 2019 para sustituir el Seguro Popular se creó el INSABI como órgano descentralizado que tenía por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social.

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Tres años más tarde y para tratar de subsanar el fracaso del INSABI, sin reformar la Ley y por Decreto se creó el IMSS-Bienestar con las mismas funciones, un órgano descentralizado que “tiene por objeto brindar a las personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social atención integral gratuita médica y hospitalaria con medicamentos y demás insumos asociados”.

Centralismo y manipulación

Bajo un criterio de control central, que tanto critica AMLO, la Ley General de Salud tenía solo un objetivo, quitar a estados y municipios el control y los recursos para prestar el servicio de salud a la población. Previo convenio con los Gobiernos locales el Insabi asumió el control de los servicios estatales de salud y, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, se fueron recortando los recursos a estas instituciones.

La idea fue “ahorcar” a estados y municipios al retirarles partidas presupuestales asignadas, etiquetadas y auditables para brindar servicios de salud para que en las entidades federativas que acordaron, el Insabi se hiciera cargo de organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios de salud y los recursos que les correspondían. En otras palabras, la federación ejerció de forma directa los recursos destinados a la salud de la manera que más le convenga con fines político-electorales.

Al igual que la Ley del Insabi, en el IMSS-Bienestar, el decreto de AMLO contempla: “El IMSS-Bienestar brindará los servicios de salud a las personas a que se refiere el párrafo primero, en aquellas entidades federativas con las que celebre convenios de coordinación para la transferencia de dichos servicios”.

Destrucción no es transformación

Pero, más allá de la retórica y la demagogia mañanera, la realidad no se puede ocultar. La CONEVAL a través de la implementación de un método científico, documenta el resultado medible del fracaso de la política de salud implementada por el gobierno de la 4T.

De acuerdo con la metodología para la medición multidimensional de la pobreza aplicada en la medición de 2020, se considera que una persona se encuentra en situación de carencia por acceso a los servicios de salud cuando no cuenta con adscripción o afiliación a las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina), a servicios médicos privados, al Seguro Popular, o bien, no reportó tener derecho a recibir los servicios que presta el INSABI. En este sentido, con base en datos censales, esta carencia se redujo 42 puntos porcentuales, del 2000 al 2015 pasó del 58.6% al 16.7%; no obstante, la disminución continua que mostró este rubro se interrumpió en el 2020.

De tal manera que, de acuerdo con la mediación multidimensional de la pobreza del CONEVAL, la carencia por acceso a los servicios de salud a nivel nacional pasó de 16.2% en 2018 a 28.2% en 2020.

El informe también muestra que, de 237 indicadores medidos, 44% registra un avance rezagado o muy rezagado en el cumplimiento de la meta sexenal, es decir, avanzaron menos de 23% respecto de lo que se programó alcanzar al tercer año de la administración, por no decir que fue un fracaso rotundo.

No hay de otra, el sufrimiento de la población y el acceso a los servicios de salud tienen un solo camino: el regreso al Seguro Popular, no hay más, los datos así lo sostienen, no las fantasías ni la impunidad mientras el supuesto combate a la corrupción, solo la incrementó.

Twitter: @diaz_manuel