27 de septiembre de 2021 | 12:06
Opinión

Perlas sueltas

Presunta activista de Derechos Humanos utiliza a menores de edad para no ser desalojada.
Perlas sueltas
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Una supuesta llamada telefónica de Tomas Pliego Calvo, coordinador general del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Jefatura de Gobierno de la CDMX, suspendió un desalojo ordenado por un juez civil en el juicio 953/2019.

Una mujer que alardea estar en el Mecanismo Federal de Protección para Activistas, Defensoras de DH y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, utilizó como escudo a sus dos mejores hijos para impedir que se cumplimentara la orden judicial. Es identificada como Bet “Btt” Reyes, una comerciante ambulante.

Pese a la flagrancia de resistencia a la autoridad y la violación a los derechos humanos de los menores, ni la actuaria del Juzgado 51 civil, ni los elementos de la Secretaría de Seguridad actuaron para llamar al DIF para que resguardaran a los niños y a Bet “Btt” Reyes presentarla ante el Ministerio Público, por temor a enfrentar denuncias de feministas.

La presunta activista se atrincheró en una de las habitaciones de la casa 17 de la calle Prolongación Santa Tecla número 100, en la Colonia Los Reyes, de la alcaldía Coyoacán, con los dos mejores de edad, mientras gritaba que el más pequeño estaba enfermo.

Al lugar se presentó la ambulancia del ERUM placas MX-308D-1, para evaluar el estado de salud de los menores, pero la supuesta activista de derechos humanos no permitió el ingreso. Los hechos ocurrieron entre las 10:30 de la mañana y las 13:30 horas del pasado sábado 11 de septiembre.

La casa es propiedad de una persona de la tercera edad con discapacidad, quien a lo largo de casi seis años logró demostrar judicialmente -ha entablado tres juicios- que es el legítimo dueño. ¿Qué pesa la supuesta activista en derechos humanos en las básculas grameras que tiene en el inmueble? Sus antecedentes merecen una investigación de la fiscalía.

A esa vivienda fue introducida en venganza por una mujer que pretendió apropiársela ilegalmente, que se identifica en redes sociales como Claudia Valkyrie y quien en 2018 acusó con falsedad a un marino de haberla violado en ese domicilio. El cabo Aarón Iván Ramírez recuperó inmediatamente la libertad, pero perdió el trabajo.

En la diligencia judicial recibió el apoyo de Cynthia Galicia Mendoza, hasta hace unos meses analista de riesgo en el mecanismo de protección de la Segob, quien dijo que el coordinador general del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, ordenaba el retiro de la policía, y se suspendió la diligencia judicial.

Aun cuando el presunto tráfico de influencias y obstrucción de la justicia fue evidente, la veintena de elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, a una orden del comandante, concluyeron el operativo y abandonaron el condominio.

El mayor temor de los policías es ser denunciados por feministas, pues de inmediato son separados del cargo, una política pública del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, así se trate, como en este caso, de una presunta activista de derechos humanos que se escuda en menores de edad para cometer delitos.

La defensora Galicia Mendoza -quien no se identificó- dijo prepotente que Tomás Pliego Calvo ordenaba el retiro de la policía. Con su actitud intimidó a la actuaria y al comandante de policía, por la cercanía que mantiene con el partido en el gobierno, Morena.

El coordinador general del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la CDMX, Tomás Pliego Calvo, fue secretario de organización de Morena a nivel nacional y diputado local. De ser cierta la afirmación de la señora Galicia, cometió un delito e incurrieron en violencia contra el adulto mayor.

En la sesión de la Junta Directiva del ISSSTE, realizada el pasado 9 de septiembre, aprobó el pago de las prestaciones económicas a sus trabajadores de confianza, incluidos los 705 pesos de ayuda para útiles escolares.

Ese Instituto emplea a unos 12 mil 500 trabajadores de confianza. En la segunda quincena de julio, la Subdirección de Personal a cargo de Judith Rojas Velasco, ordenó que no se les pagara la ayuda de útiles, con el argumento que no existía fundamento jurídico que la sustentara.

El SITISSSTE que dirige Carlos Alberto Hernandez Nieto y que agrupa a la mayoría de esos trabajadores, estableció que durante los últimos 30 años les han pagado prestaciones económicas, incluidos 2019 y 2020, y amenazó con convocar a un paro de labores en protesta.

La Junta Directiva acordó que se les pagaran también otras prestaciones económicas: día del trabajador del ISSSTE, antigüedad, conceptos 07 y 08, percepción adicional -tres horas diarias, conocida también como turno opcional-.

“El textos escrito en esta columna no se sustenta con documentos oficiales; son versiones que circulan en los sindicatos y que son bajo responsabilidad de agendapropia.mx”

Colaboración especial para SDPnoticias de agendapropia.mx, portal especializado en asuntos sindicales