Los recientes sucesos alrededor de Rubén Rocha Moya no tienen precedente. Por primera vez el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, ha acusado formalmente a un gobernador mexicano en funciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum y los voceros de su gobierno iniciaron desde un principio una operación de control de daños para sacudirse, de la mejor manera, una acusación que no solo pesa sobre los funcionarios sinaloenses imputados, sino sobre toda una élite morenista que estaría involucrada, al lado del Cártel de Sinaloa, no solo en la elección de Rocha, sino también en el sostenimiento de su gobierno y en toda una clase de fechorías en complicidad con esa organización criminal.

Bajo el eslogan de la soberanía, pretenden ocultar razonamientos políticos bajo argumentos jurídicos. Según aseguran, el caso presentado por el Distrito Sur de Nueva York carece de pruebas “suficientes” para que el Estado mexicano, en su derecho interno, inicie los procedimientos que conduzcan a la extradición de Rocha a Estados Unidos.

Lo que ciertamente han omitido, seguramente porque no les conviene políticamente, es que de acuerdo al derecho penal federal estadounidense, los fiscales no desahogan la totalidad de las pruebas en el momento de la emisión del documento de imputación, sino que este periodo procesal tiene lugar una vez que el juicio haya iniciado en presencia del sujeto en cuestión. En otras palabras, el Departamento de Justicia, como lo hizo en los casos del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada, sí que cuenta con elementos probatorios que justifican que el presunto delincuente haya sido encausado. De otra manera no habría presentado la imputación.

En adición, mediante sus declaraciones, la presidenta Sheinbaum ha dado la impresión de que no está dispuesta a retirarle el apoyo a Rocha, y por lo tanto, ha optado por el discurso rancio de la defensa de la soberanía y del debido proceso. ¿Pensaba lo mismo la jefa del Estado mexicano cuando, en contravención de sus derechos humanos, envío más de noventa delincuentes a petición de Washington? Se trata, en el caso del gobernador con licencia, de una defensa pura y dura.

El escándalo es mayúsculo, y las consecuencias podrían ser más dramáticas, especialmente con miras a la negociación del T-MEC. Lo que buscan es alargar el proceso en el tiempo, y como salida de emergencia, esperar la inauguración del Mundial de la FIFA. Este evento deportivo de impacto internacional, y muy esperado por todos los mexicanos, servirá como válvula de escape, para que se hable menos, al menos durante unas semanas, de los probables lazos de altos funcionarios del Estado con el crimen organizado, y sobre todo, para calmar las aguas de la mayor tormenta que, hasta el día de hoy, ha azotado a la malograda cuarta transformación.