Hay fechas que pertenecen al calendario y otras que funcionan como advertencia. El 2 de octubre pertenece a las segundas. México lleva 58 años repitiendo que no se olvida, pero la memoria pierde sentido cuando se convierte solamente en ceremonia, consigna o patrimonio de quienes creen estar del lado correcto de la historia. Tlatelolco no obliga únicamente a mirar hacia atrás y condenar a Gustavo Díaz Ordaz. Obliga a mirar al poder de hoy y preguntarle algo mucho más incómodo: ¿qué haces con quien te contradice cuando ya no eres oposición, sino gobierno? Porque el verdadero “nunca más” no se demuestra recordando a los estudiantes asesinados hace casi seis décadas; se demuestra respetando a quienes hoy salen a la calle a decirle al gobierno exactamente aquello que el gobierno no quiere escuchar.
Claudia Sheinbaum ha reiterado la responsabilidad del Estado en la matanza de 1968 y el compromiso de que nunca más sus fuerzas sean utilizadas para reprimir a movimientos sociales. Su gobierno reconoció formalmente aquellos hechos como crimen de lesa humanidad y asumió una obligación de no repetición. Esa definición institucional es relevante, pero precisamente porque hoy existe, la exigencia debe ser mayor: el 2 de octubre no puede convertirse solamente en una condena retrospectiva contra un régimen desaparecido; tiene que funcionar como una regla permanente para cualquier gobierno, incluido el actual.
Porque Tlatelolco no comenzó con los disparos. Comenzó mucho antes, cuando la autoridad decidió que la protesta era provocación, que la crítica era desafío, que los estudiantes representaban una amenaza y que dialogar equivalía a ceder. Comenzó cuando el Estado confundió orden con obediencia y estabilidad con silencio. Comenzó cuando el gobierno se convenció de que su legitimidad le permitía determinar cuáles voces merecían ser escuchadas y cuáles podían ser tratadas como enemigas. El movimiento había surgido después de episodios de represión policiaca, formuló demandas de libertades políticas, presos políticos y diálogo público, y terminó enfrentado a un aparato estatal que interpretó el desafío estudiantil como una amenaza que debía sofocarse.
Pero tampoco ayudaría a comprender aquella historia convertir al movimiento entero en una fotografía impecable, sin contradicciones, tensiones, radicalismos ni actores interesados en avivar el conflicto. En aquellas semanas hubo enfrentamientos, provocaciones, grupos ajenos a una parte importante del estudiantado y episodios que fueron elevando la confrontación. Reconocerlo no disminuye un milímetro la responsabilidad central del Estado por lo ocurrido en Tlatelolco ni permite trasladar a las víctimas la culpa de una decisión represiva tomada desde el poder. Lo que sí permite es rescatar otra enseñanza indispensable: una causa justa también puede atraer a quienes quieren utilizarla para incendiar, radicalizar, provocar o llevar agua a su propio molino.
Y eso también tenemos que decirlo claramente. Una cosa eran las banderas legítimas de libertad, democracia, diálogo y respeto a los derechos; otra muy distinta la conducta de quienes desde cualquier extremo, grupo de choque, interés político o lógica de provocación puedan pretender apropiarse de una movilización para generar violencia y después esconderse detrás de la causa que otros levantaron legítimamente. Eso puede venir desde la extrema izquierda, desde la extrema derecha o desde cualquier grupo cuyo verdadero propósito no sea resolver una demanda, sino utilizarla para producir confrontación.
El Estado jamás puede responder a una protesta como quien pretende acabar con una plaga de cucarachas bombardeando la cocina. Esa es justamente una de las grandes lecciones de Tlatelolco. La presencia de provocadores, la comisión de delitos o el desorden producido por algunos no autoriza una respuesta indiscriminada contra todos. No existe provocación que convierta en legítimo disparar contra una multitud ni exceso que otorgue patente para borrar la diferencia entre manifestante, dirigente, provocador, delincuente y ciudadano. La función de una autoridad democrática consiste precisamente en saber distinguir.
Pero esa obligación del Estado tampoco puede interpretarse al revés hasta convertir la protesta en patente de corso. Una marcha justa no vuelve justo todo lo que ocurra dentro de ella. Una demanda legítima no convierte en legítimo incendiar, saquear, destruir propiedad, atacar personas, impedir servicios esenciales o buscar deliberadamente el enfrentamiento. Quien se aprovecha de una movilización pacífica para cometer tropelías no fortalece la causa: la contamina, pone en riesgo a quienes marchan de buena fe y proporciona al poder el pretexto que en ocasiones algunos gobiernos están esperando para endurecer su respuesta.
Ahí aparece el equilibrio difícil, pero indispensable. La autoridad debe escuchar, dialogar, garantizar el derecho a manifestarse y utilizar la fuerza únicamente dentro de límites legales, proporcionales y democráticos. Pero también debe proteger a quienes no participan en la protesta, a quienes necesitan trasladarse, trabajar, mantener abierto un negocio, llevar a sus hijos a la escuela o simplemente desarrollar su vida cotidiana. Los manifestantes tienen derechos y el resto de la sociedad también. Defender unos no exige cancelar los otros.
Ese debería ser uno de los aprendizajes más completos del 68: ni represión ni impunidad; ni autoritarismo ni abandono de la autoridad. El gobierno democrático tiene que saber hacer algo bastante más complejo que reprimir o mirar hacia otro lado: proteger al manifestante pacífico, aislar al provocador, contener al violento, aplicar la ley al delincuente y mantener abierta la puerta al diálogo con quien plantea una demanda legítima.
México cambió muchísimo desde 1968. Sería absurdo comparar mecánicamente el país de 2026 con aquel régimen. Hoy existen elecciones competitivas, alternancias, pluralidad partidista, medios diversos, organizaciones civiles y una sociedad incomparablemente menos dispuesta a permanecer callada. Precisamente por eso la memoria del 2 de octubre debe servir para proteger lo que hemos construido y no solamente para recordar lo que perdimos aquella noche.
La democracia no se mide por la cantidad de personas que pueden aplaudir al gobierno, sino por la libertad de quienes pueden enfrentarlo. Y esa regla vale para Morena, para el PAN, para el PRI y para cualquiera que algún día ocupe nuevamente la presidencia, porque las libertades no cambian de dueño cada seis años.
Durante décadas la izquierda mexicana convirtió el 2 de octubre en una de sus principales referencias morales. Marchó, recordó, denunció, señaló responsabilidades y utilizó aquella tragedia como ejemplo de lo que sucede cuando un régimen se vuelve incapaz de tolerar la disidencia. Ahora que una parte importante de aquella tradición política ocupa el poder, enfrenta una responsabilidad adicional: gobernar bajo el mismo estándar que exigió cuando era oposición.
Eso significa entender que una protesta no pierde legitimidad porque critique a un gobierno progresista, que un periodista no deja de merecer respeto porque publique algo incómodo, que una universidad no se convierte en adversaria por cuestionar una política pública, que una organización social puede estar equivocada y conservar íntegramente su derecho a manifestarse, que una oposición puede exagerar, provocar, actuar electoralmente y aun así mantener su derecho a existir, criticar y organizarse, y que haber ganado una elección no convierte al gobierno en dueño de la verdad.
Pero también significa comprender que la democracia no puede quedar secuestrada por quienes creen que basta envolverse en una causa social para colocarse por encima de la ley. El derecho a disentir es sagrado; el derecho a destruir no existe. La protesta merece protección; la violencia no. Y quienes verdaderamente quieren defender movimientos legítimos deberían ser los primeros interesados en impedir que provocadores o grupos radicalizados terminen apropiándose de ellos.
Ahí comienza el verdadero examen democrático. Es relativamente sencillo defender la libertad de expresión cuando se utiliza contra quienes no nos representan; lo difícil es defenderla cuando nos toca escucharla dirigida contra nosotros. Es sencillo celebrar una marcha histórica; lo difícil es tolerar la marcha que bloquea la avenida frente a nuestro despacho. Es sencillo homenajear a los estudiantes de 1968; lo difícil es escuchar a los estudiantes de 2026 cuando sus consignas nos parecen injustas, ofensivas o políticamente manipuladas. Y también es relativamente sencillo condenar la violencia cuando la realizan nuestros adversarios; lo difícil es condenarla cuando quienes la ejercen marchan detrás de una bandera con la que simpatizamos.
Ahí se demuestra si realmente aprendimos algo.
Los gobiernos autoritarios rara vez se consideran autoritarios. Normalmente encuentran razones para justificar sus actos. Hablan de seguridad, estabilidad, provocadores, intereses extranjeros, enemigos internos, circunstancias excepcionales o necesidad de proteger al país. Díaz Ordaz también creyó que defendía al Estado. Ahí está precisamente la advertencia que atraviesa los años: el poder siempre puede encontrar una explicación para sí mismo.
Pero los provocadores también encuentran explicaciones para sí mismos. Dicen actuar en nombre del pueblo, de la revolución, de la justicia, de la resistencia, de la patria o de cualquier causa suficientemente noble para intentar justificar acciones que en realidad terminan perjudicando a la misma sociedad que aseguran defender. Por eso una democracia madura debe desconfiar tanto del poder que pretende utilizar cualquier provocación para reprimir como del provocador que necesita una reacción desproporcionada para alimentar su propia narrativa.
La memoria de 1968 tampoco debe transformarse en propiedad moral de una corriente política determinada. Tlatelolco pertenece a México. Sus víctimas no pueden utilizarse como credencial ideológica ni como argumento automático para otorgar superioridad moral a quienes hoy gobiernan. La memoria del 68 debe incomodar siempre a quien tenga el poder, precisamente porque esa es su función. Cuando una fecha histórica deja de incomodar al gobierno y empieza únicamente a servirle para condenar a quienes gobernaron antes, comienza a perder parte de su capacidad transformadora.
Recordar exige algo más difícil que señalar a los muertos y a los culpables del pasado. Exige revisar nuestras propias prácticas. Preguntarnos si desacreditamos demasiado rápido al adversario, si convertimos toda crítica en campaña, si asumimos que detrás de cada protesta hay necesariamente intereses oscuros, si toleramos atropellos cuando afectan a quienes no comparten nuestras ideas y si empezamos a aceptar pequeñas excepciones a las libertades porque, esta vez, el perjudicado pertenece al otro bando.
Pero también debemos preguntarnos si por temor a parecer autoritarios hemos llegado a considerar intolerable cualquier ejercicio legítimo de autoridad. La paz social tampoco puede construirse dejando indefensa a la mayoría que quiere que las causas se atiendan, que los problemas se resuelvan y que las personas puedan protestar, pero sin que ello signifique la desarticulación permanente de la vida económica, social y cotidiana.
La tolerancia democrática no consiste en permitirlo absolutamente todo. Consiste en permitir todo aquello que pertenece al ejercicio de los derechos y aplicar la ley cuando empieza el delito. La diferencia es fundamental.
Las democracias no suelen desmoronarse en una sola noche. Las libertades se desgastan de manera mucho más discreta: una descalificación hoy, una censura justificada mañana, una protesta que consideramos inconveniente, un adversario al que dejamos de reconocer como legítimo, una excepción que parece insignificante porque afecta a alguien que nos cae mal. Poco a poco los derechos dejan de ser universales y empiezan a depender de quién los ejerce.
Pero también la convivencia democrática puede deteriorarse paulatinamente cuando grupos cada vez más pequeños descubren que mediante violencia, bloqueos extremos o destrucción pueden imponer costos enormes al resto de la sociedad sin asumir responsabilidad alguna. Eso también genera hartazgo, polariza, debilita las causas legítimas y termina alimentando precisamente las respuestas autoritarias que deberíamos evitar.
Por eso el Estado democrático no puede ser ni verdugo ni espectador. Tiene que gobernar. Y gobernar significa escuchar sin arrodillarse, tolerar sin abdicar, contener sin reprimir, sancionar sin vengarse y garantizar simultáneamente el derecho a protestar y el derecho de los demás a vivir en paz.
La libertad de expresión no existe para proteger únicamente palabras agradables. El derecho de manifestación no existe solamente para marchas que cuentan con la simpatía del gobierno. La oposición no existe para felicitar al poder y el periodismo no existe para confirmar diariamente que el gobernante tiene razón. Todo eso resulta incómodo por definición y así debe ser. Un Estado democrático demuestra su fuerza cuando soporta esa incomodidad sin intentar eliminarla.
Claudia Sheinbaum tiene una oportunidad importante. Su compromiso de que nunca más habrá represión estatal contra movimientos sociales debe convertirse en una política capaz de sobrevivir a coyunturas, provocaciones y crisis, no solamente cuando quienes marchan sean aliados históricos o causas con las que el gobierno simpatiza, sino especialmente cuando quienes protestan cuestionen directamente al propio gobierno.
Pero ese compromiso tampoco debe traducirse en parálisis frente a quienes conscientemente aprovechen una manifestación para provocar violencia. El desafío no consiste en escoger entre reprimir a todos o tolerarlo todo. El desafío consiste precisamente en poseer instituciones suficientemente profesionales para diferenciar entre protesta y delito y suficientemente democráticas para actuar contra el segundo sin cancelar la primera.
Esa será la prueba. No el discurso del 2 de octubre, sino los otros 364 días. Y la responsabilidad no corresponde únicamente al gobierno. También la sociedad debe aprender a defender libertades incluso cuando quienes las ejercen piensan distinto, porque una democracia se vuelve frágil cuando cada grupo defiende derechos solamente para los suyos.
Quien celebra que censuren al adversario está construyendo la herramienta que mañana podrá utilizarse contra él. Quien justifica abuso policial porque la marcha no le gusta está legitimando una fuerza que mañana puede encontrarlo del otro lado. Pero también quien justifica una agresión porque simpatiza con la causa que la acompaña está destruyendo el principio de igualdad ante la ley. Las reglas democráticas valen precisamente porque deben aplicarse incluso cuando resultan incómodas para los nuestros.
El autoritarismo no comienza cuando llegan los soldados. Empieza cuando suficientes personas consideran que el otro merece menos derechos. Pero la anarquía tampoco comienza cuando desaparece todo el Estado: puede empezar cuando dejamos de exigir responsabilidades porque tememos que aplicar la ley sea confundido con represión.
Por eso el mejor homenaje a los jóvenes del 68 no consiste en convertirlos en fotografías, murales o consignas congeladas en el tiempo. Consiste en proteger aquello que reclamaron incluso cuando la reclamación contemporánea resulte molesta: diálogo público, libertades, responsabilidad del poder, límites a la fuerza del Estado y derecho a disentir. Y consiste también en evitar que esas mismas libertades sean utilizadas como coartada por quienes desean transformar causas legítimas en campos de confrontación.
México ha avanzado demasiado para regresar a 1968 y sería profundamente injusto afirmar que hoy estamos cerca de aquel escenario. Pero precisamente porque hemos avanzado debemos entender que ninguna conquista democrática es irreversible por naturaleza. Cada generación recibe libertades que otros conquistaron y tiene que decidir si las conserva, las amplía o las entrega poco a poco por comodidad política.
No podemos cambiar Tlatelolco. Podemos decidir qué hacemos con su memoria. Podemos utilizarla una vez al año para condenar a un presidente muerto, repetir consignas, colocar flores y después regresar tranquilamente a nuestras trincheras partidistas, o podemos convertirla en una regla permanente frente al poder y frente a quienes también pretenden manipular las legítimas causas sociales.
Esa regla debería ser muy sencilla: ningún gobierno posee toda la verdad, ninguna mayoría vuelve innecesaria a la oposición, ninguna elección cancela el derecho a protestar, ninguna ideología justifica el abuso y ninguna causa política convierte al Estado en dueño de la conciencia de sus ciudadanos. Pero igualmente ninguna causa legítima vuelve legítimo el delito, ninguna protesta convierte al provocador en intocable y ninguna bandera social debería permitir que grupos violentos secuestren los derechos de quienes marchan pacíficamente.
Esa debería ser la herencia verdaderamente incómoda del 2 de octubre. Porque Díaz Ordaz ya no gobierna, pero la tentación que lo rodeó —confundir autoridad con verdad, crítica con enemistad y orden con silencio— no murió con él. Puede aparecer bajo cualquier partido, vestirse de cualquier ideología y hablar en nombre de la izquierda o de la derecha. Y tampoco desapareció la tentación de algunos extremos de utilizar demandas legítimas para incendiar conflictos, fabricar confrontaciones o provocar respuestas que después puedan explotar políticamente.
Por eso recordar no basta. Hay que aprender.
El verdadero homenaje al 2 de octubre no consiste en repetir “nunca más” frente a las cámaras. Consiste en demostrarlo cuando la protesta incomoda, cuando la crítica lastima y cuando el poder siente la tentación de responder no con argumentos y ley, sino con toda la fuerza que tiene detrás. Y consiste también en impedir que quienes buscan la violencia puedan esconderse detrás de los ciudadanos que legítimamente protestan.
Díaz Ordaz pertenece a la historia; la arrogancia del poder, no. Pero tampoco pertenece al pasado la tentación de secuestrar causas justas para provocar conflictos que otros terminarán pagando. Esa es la doble advertencia que Tlatelolco sigue lanzándonos 58 años después: el Estado jamás debe convertir la protesta en enemigo, pero tampoco puede permitir que los violentos conviertan la protesta en rehén.
Una democracia se pierde cuando el gobierno decide que toda disidencia debe ser aplastada, pero también se debilita cuando acepta que cualquier tropelía quede impune por haberse cometido detrás de una bandera justa. Gobernar democráticamente significa escuchar sin arrodillarse, tolerar sin abdicar, contener sin reprimir y ejercer autoridad sin caer en autoritarismo.
Porque cuando el poder responde a la provocación con una masacre, pierde el Estado. Y cuando la sociedad permite que los provocadores secuestren una causa justa, pierde también la democracia. El 2 de octubre obliga a no repetir ninguna de las dos cosas.
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