Por Evangelina del Toro

México, 29 Feb. (Notimex).- La iniciativa presentada por el Senado entorno a la modificación a la Ley de Puertos, prevé otorgar seguridad jurídica a la operación portuaria del país, dijo el integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la cámara alta, Juan Bueno Torio.

Por ello se establece cuáles serán las acciones que realizarán las terminales portuarias privadas y públicas, a fin de evitar la competencia desleal que, a su decir, actualmente se registra en las mismas.

?Lo que pretende esta ley es adecuarla a la realidad que existe en el país (.) darle claridad jurídica a la operación para que quede establecido lo que se puede realizar en ellos?, comentó en entrevista con Notimex.

Bueno Torio explicó que lo que también se pretende es otorgarle certeza a las empresas que tienen una concesión en algún puerto, así como a quienes hacen uso de los servicios portuarios del país.

Y es que será este jueves cuando el pleno de la Cámara de Diputados analice los beneficios de aprobar el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Puertos, cuyo objetivo es terminar con empresas que utilizan terminales privadas como públicas.

Uno de los artículos que se pretenden reformar a la actual legislación es el artículo 10, relativo a la distinción que hace la ley entre las terminales de uso particular y las de uso público.

Lo anterior, debido a que en las licitaciones para obtener una concesión del gobierno federal, participa cualquier persona, extranjera o nacional, sin restricción alguna, y gana quien presenta las mejores condiciones técnicas y económicas.

La modificación del referido artículo, señaló Bueno Torio, pretende limitar los contratos con terceros en las terminales particulares, ?porque esto debe ser exclusivo de la carga en su contrato original, es decir, para lo que fue pedida esa terminal y evitar la facturación a terceros?.

De acuerdo con el legislador, actualmente existe competencia desleal, proliferación de terminales particulares donde existe una relación con terceros para el manejo de la carga, lo cual va contra la ley.

?Se está provocando una competencia desleal donde hay quien obtiene las concesiones bajo ciertas condiciones que pone el gobierno con obligación de inversiones enormes? y además existen quienes ponen otras terminales para su propio uso y no pagan la contraprestación que se exige en la concesión, afirmó.

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