México, 24 Feb. (Notimex).- Los derechos humanos no se votan, se fundamentan, por lo que su reconocimiento, protección, promoción y respeto es totalmente independiente del consenso o acuerdo social, afirmó el doctor en derecho por la UNAM, José Antonio Sánchez.
En el marco del foro Derechos Humanos y Familia, organizado por grupos de la sociedad civil, estableció que las garantías individuales deben ser reconocidas por el Estado, por lo que la validez de estas realidades jurídicas no descansa en la voluntad de quienes tienen la facultad de definir el contenido del derecho positivo.
Por ello, subrayó, la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en junio de 2011 en este momento exige que autoridades federales, locales y municipales diseñen y planeen políticas públicas encaminadas a la promoción y respeto de éstos.
El especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) agregó que las políticas públicas que otorguen mayor y mejor protección a los derechos humanos nunca serán excesivas, al tiempo que dejó claro que la regla de oro en la materia es respetarlos siempre.
En su oportunidad, la abogada constitucionalista Ingrid Tapia urgió a los legisladores a profesionalizar la labor legislativa y proteger más a los sectores vulnerables, como niños, mujeres y personas de la tercera edad, con leyes correctamente hechas.
Citó como caso el divorcio exprés, que disuelve el vínculo matrimonial en aproximadamente 40 días y deja a las partes en posibilidad de contraer nuevas nupcias.
Sin embargo, dijo, no resuelve los problemas más importantes y somete a las madres y a los hijos a juicios por la vía judicial que tardan en resolverse meses o varios años, como patria potestad, guarda y custodia de los menores, derecho de visita, pensión alimenticia y repartición de bienes.
En consecuencia, la reforma al Código Civil para el Distrito Federal agrava esta problemática porque permite que un cónyuge se divorcie de manera exprés y pueda adquirir con posterioridad uno o más negocios, inmuebles o autos y ocultarlos a su pareja para que no los afecten con la pensión alimenticia o la partición de bienes, precisó.
Tapia reveló que de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de los 12 mil divorcios que se tramitaron el año pasado 10 mil siguen en litigio por los bienes y por los hijos; además, en la ciudad nueve de cada 10 litigios de divorcio fueron de mujeres demandando pensión alimenticia.
Un estudio efectuado por el Centro de Estudios Históricos e Interdisciplinarios sobre Mujeres en 2004 señala que entre los principales temores que padece una mujer antes de efectuar el divorcio están los hijos, con 62 por ciento, seguido de la situación económica, con 43 por ciento, refirió.
Por ello, propuso que cuando no se pueda establecer el monto de la pensión alimenticia con base en los ingresos del deudor, se fije con base en sus egresos y/o el modo de vida que daba a su familia en los últimos años.
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