México.- La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México advirtió a la Cámara de Diputados una serie de consideraciones respecto a la Ley del Uso de la Fuerza y la Ley del Registro de Detenciones, pues a su consideración "hay aspectos preocupantes".

Reconoció que aunque se incluyeron algunos elementos acordes con los estándares internacionales sobre la materia, tales como los principios del uso de la fuerza y la perspectiva de género; ello no impide señalar otros desaciertos.

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Para la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la ONU-DH consideró 9 rubros donde los diputados federales deben hacer modificaciones; uno de ellos, y tal vez el más importante, es que con la legislación "se podría vulnerar el derecho a la protesta y a la libre manifestación".

De acuerdo con el texto enviado a San Lázaro, en la ley se mantiene una perspectiva de "control de multitudes" y no la de garantizar el derecho a la manifestación, en cambio legitima usar la fuerza en el caso de que exista violencia contra los manifestantes.

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Deja fuera autoridades migratorias

Jan Jarab, representante del a Oficina de la ONU en México, detalló que la Ley no incluye a agentes migratorios entre las autoridades que pueden hacer uso de la fuerza, e incluye "términos laxos e imprecisos" lo que impide conocer con precisión el ámbito de su aplicación. Otros términos que no están precisados son "persona autorizada por el Estado" y "neutralizar".

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Respecto a la Ley Nacional del Registro de Detenciones, la ONU-DH consideró que la minuta "puede ser mejorada"  con la incorporación de tres aspectos; uno de ellos, incluir en el registro lo relativo a la nacionalidad de la persona como uno de los primeros campos a recabar.

Un segundo aspecto que se debe modificar es incluir en la operación del registro lo relacionado a las detenciones que fueron realizadas bajo la jurisdicción militar; y finamente establecer el lugar donde la persona permanece privada de la libertad, así como el lugar a donde será trasladada.