México.- La designación de Omar Gómez Trejo como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, es el inicio de una nueva etapa de investigación y motivo de esperanza para los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y las organizaciones que los han acompañado por casi 5 años. 

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A través de un comunicado conjunto de organizaciones y familias, refirieron que Gómez Trejo estará a cargo de una investigación “compleja, con múltiples líneas pendientes por profundizar; acusaciones pendientes y planes de búsqueda para materializar”, por lo que solicitaron que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dé seguimiento a su decisión e impulse los esfuerzos de la recién creada Unidad. 

Refirieron que es fundamental el trabajo acompañado con la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa que tiene como propósito el esclarecimiento pleno del caso. 

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Y pidieron que trabaje con organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) “que han brindado asistencia técnica a la investigación”. 

Ayer se cumplieron 57 meses desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. 

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¿Quién es Omar Gómez Trejo?

Omar Gómez Trejo es Maestro en Derechos Humanos y Democracia. Antes, se desempeñó en organismos internacionales, como la ONU-DH y en oficinas similares en Honduras y Guatemala, así como en la CIDH. 

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Su experiencia directa con el caso Ayotzinapa es basta, pues se desempeñó como secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la CIDH para aportar una investigación aparte sobre el caso. 

Además, denunció haber sido víctima del software de espionaje Pegasus, que fue implementado por el gobierno de Enrique Peña Nieto para acceder a contenidos de los teléfonos celulares de periodistas, políticos de oposición y defensores de Derechos Humanos. 

Además de las familias, las organizaciones firmantes son los centros de derechos humanos Tlachinollan, Miguel Agustín Pro Juárez, Serapaz y Fundar.