México.- Un estudios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la UNAM reveló que de 2007 a 2017 se triplicó la cifra de niñas, niños y adolescentes víctimas de homicidio, relacionado con la actividad del crimen organizado, pues pasaron de ser mil 002 víctimas a 2 mil 858 personas de 0 a 19 años asesinadas.

En el Estudio niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado en México, elaborado por la CNDH y la UNAM, se explica que son múltiples las formas en que esta población puede sufrir afectaciones en sus derechos, pues van desde la mortalidad por el uso de la fuerza letal entre grupos delincuenciales, pérdida de familiares, desplazamiento forzado, pobreza, privación de libertad, explotación, desaparición y trata de personas.

De acuerdo con el primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, explicó que esas condiciones ocasionan modificaciones en la forma de vivir de los niños, niñas y adolescentes, e impiden su acceso a los derechos a la salud, educación, seguridad social y vida libre de violencia.

"A través del análisis cuantitativo y cualitativo, el Estudio expone las consecuencias y factores de riesgo a los que está expuesta la población menor de edad, de forma que logra construir un Índice de riesgo de violencia asociada con el crimen organizado con impacto en niñas, niños y adolescentes, junto con las condiciones de violencia de cada entidad".

Ismael Eslava Pérez. CNDH

Además de las consideraciones con cifras obtenidas de informes, solicitudes de información, datos de organizaciones de la sociedad civil, el Estudio recopila historias de vida de 5 adolescentes que se desarrollaron en entornos de violencia sistemática en Tamaulipas, Baja California, Michoacán, Estado de México y en entornos migratorios de Chiapas.

Inseguridad, violencia y crimen organizado contra la niñez y adolescencia

La población de niñas, niños y adolescentes se ve afectada primero por las altas tasas de mortalidad, en su mayoría alimentada por acciones de la violencia criminal, pues entre 2016 y 2017 se registró el mayor incremento asesinatos: 22.5%. Las entidades con las tasas más altas fueron Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Baja California.

Eslava Pérez también explicó que el derecho a la educación es afectado por el contexto de inseguridad y violencia, pues faltan servicios educativos de calidad, hay altos niveles de ausentismo y deserción escolar, lo que fomenta los empleos informales y condiciones laborales precarias, o que sean reclutados por el crimen organizado.

La desaparición de personas menores de 18 años también es una cifra de alerta relacionada con la actividad criminal, pues según el estudio permite problematiza la forma en que la violencia afecta a la población de estudio, pues del total de personas desaparecidas hasta abril de 2018 (36 mil 265), 18% tienen entre uno y 17 años, principalmente en los estados de Colima, Sonora, Tamaulipas, Puebla y Baja California.

"La percepción de seguridad entre esta población es negativa [...] en promedio, el 7.4% de entre 6 y 17 años no se sienten seguros en casa; 71% tampoco se sienten seguros en las calles, principalmente de la Ciudad de México, Puebla, Nuevo León, Guanajuato y Estado de México”.

Ismael Eslava Pérez. CNDH
Ismael Eslava Pérez, primer visitador CNDH.
Ismael Eslava Pérez, primer visitador CNDH. (CNDH)

El Estudio advierte que en las solicitudes de información entregadas por a dependencias federales, no fue posibles identificar programas y acciones asociadas con el impacto del crimen organizado en niñas, niños y adolescentes, y algunos de los planes que involucran a este sector de la sociedad, no están enfocados en atender esta problemática.

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Desaparecen sus familias y el delito sigue impune

Otro tipo de violencia frecuente contra niñas, niños y adolescentes es la desaparición de mamás, papás, hermanos o compañeros que quedan impunes, lo que los deja sujetos a una vida precaria. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más de 30 mil menores están sin cuidados parentales.

Una práctica común también son los secuestro contra esta población para que ellos se unan a las filas del crimen organizados. O los impactos de la delincuencia para adolescentes en conflicto con la ley, donde el estudio destaca que 2.5% de las acciones son por este tipo de delitos: secuestro, acopio ilegal de armas, venta de droga, homicidio, robo y extorsión.

“Sus libertades de residencia y circulación se ven vulneradas por las condiciones de violencia e inseguridad imperante en la región en la que viven, por las prohibiciones impuestas por los grupos delictivos y también por las restricciones establecidas por la autoridades”.

Ismael Eslava Pérez. CNDH

Ante dicho panorama, el Estudio establece que los niveles de gobierno de los tres poderes, todavía no alcanzan el nivel de efectividad roa para detectar y dar seguimientos a las personas víctimas del crimen organizado, mismo que requiere un tratamiento integral, social, político, económico y normativo para la protección de niñas niños y adolescentes.

Protección de niñas, niños y adolescentes debe ser prioridad

De acuerdo con la CNDH y la UNAM, las propuestas para comenzar a implementar medidas de protección para esta población son impulsar modelos de crianza que no dejen en el abono a menores de edad; acciones preventivas focalizadas; diagnósticos de atención de necesidades específicas y que sea prioridad en la agenda pública.

También implementar políticas públicas en la materia, erradicar la violencia generalizada para esta población, generar oportunidades de estudio y trabajo, mayor presupuesto para atenderlos, fortalecer la coordinación entre dependencias para entender este fenómeno; restaurar el tejido social y estrategias que atiendan a familias en situación de vulnerabilidad, entre otras.

“La manera más adecuada de hacer frente a la violencia e inseguridad que afecta a niñas niños y adolescente es el diseño e instrumentación de políticas públicas que atiendan causas estructurales que originan estos problemas; una transformación social contra el crimen organizados y fortalecer la conciencia cívica, además de la actuación coordinada entre autoridades, organizaciones civiles y las comunidades”.

Ismael Eslava Pérez. CNDH

El Estudio niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado en México fue coordinado por la doctora Elisa Ortega del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y que tuvo como objetivo focalizar las consecuencias de la actividad criminal en los derechos de las niñas, niños y adolescentes que viven o transitan por el país.