Panamá, 27 Feb (Notimex).- El gobierno y la dirigencia de la etnia Ngäbe-Bugle reanudaron hoy las negociaciones de una ley para prohibir las minas y las hidroeléctricas en el territorio indígena aunque las mayores diferencias están en el uso del agua.

La mesa de negociación se reinstaló el lunes en el Parlamento con la presencia de funcionarios y del Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el derecho del Pueblo Ngäbe, luego de 11 días de pausa debido a los carnavales de la semana pasada.

La cacique general Silvia Carrera, máxima autoridad en la comarca indígena del occidente panameño, dijo que acuden en medio de la expectativa de la comunidad indígena ?esperando por una respuesta del gobierno?.

?Venimos a buscar la respuesta satisfactoria que el pueblo está esperando?, dijo Carrera, quien pasó los últimos días en recorridos por los pueblos del territorio Ngäbe-Buglé para consultar sobre las negociaciones con las autoridades.

En un comunicado, el presidente Ricardo Martinelli expresó su confianza de que del diálogo ?surjan fórmulas que preserven y protejan los recursos naturales, sin afectar el desarrollo del país?.

El gobierno y los indígenas han acordado prohibir la minería en la comarca Ngäbe-Buglé, pero discrepan en el uso de los recursos hídricos.

Mientras los indígenas reclaman la prohibición de las hidroeléctricas, el gobierno afirma que una medida de ese tipo elevaría el costo de la electricidad en Panamá en un 30 por ciento.

El ministro de gobierno, Ricardo Fábrega, dejó entrever que el gobierno propondrá a los indígenas un plan de integración comarcal, con el fin de hacer más efectiva la ley que otorgó hace más de 15 años derechos a los indígenas.

Fábrega reconoció la decisión de los indígenas de llamar a la población de la comarca a mantener libre el flujo de automóviles por la Carretera Interamericana en las occidentales provincias de Chiriquí y Veraguas.

También los indígenas descartaron convocar a una huelga estudiantil este lunes en coincidencia por el inicio del año lectivo 2012.

Las pláticas se basan en el Acuerdo de San Lorenzo del 7 de febrero pasado firmado luego de que la policía desalojó de manera violenta a los indígenas de la Carretera Interamericana en occidente con un saldo de dos muertos.

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