La Paz, 28 feb (EFE).- El Gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, calificó hoy de "juicios inaceptables" las críticas de la Junta de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU (JIFE) a su estrategia para legalizar el masticado de la hoja de coca.

La Presidencia difundió este martes una carta enviada el viernes por el ministro boliviano de Exteriores, David Choquehuanca, al secretario general de la JIFE, Andrés Finguerut, en la que rechaza con "hondo pesar" el contenido crítico y "sesgado" de una misiva remitida por ese organismo el pasado día 17.

Choquehuanca dice que la JIFE debe limitarse a sugerir consultas, establecer un diálogo y solicitar explicaciones a los Estados, y no debería recomendar medidas correctivas a un Gobierno salvo en casos extremos, cuando invoque su autoridad bajo la Convención antidrogas de la ONU de 1961, lo que no ocurrió en este caso.

La JIFE lamentó, también con "hondo pesar", que Bolivia use el procedimiento de denunciar la Convención y luego solicitar su readmisión, el 1 de enero pasado, pero con una reserva sobre el masticado de la hoja de coca, práctica minoritaria en Bolivia, según un informe difundido hoy en Viena.

El masticado de la planta, conocida en Bolivia como "acullico", fue vetado en la Convención internacional antidrogas porque la coca contiene alcaloides que son la base para elaborar cocaína.

"La Junta ha observado con hondo pesar este paso sin precedentes del Gobierno boliviano y expresa su preocupación, entre otras cosas porque, si bien la denuncia en sí es técnicamente admisible a tenor de la Convención, va contra el objeto fundamental y el espíritu de dicho instrumento", subrayó el presidente de la JIFE, Hamid Ghodse.

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Ghodse, que estuvo en zonas cocaleras de Bolivia a mediados de diciembre y se entrevistó con Morales, afirmó que la integridad del sistema de fiscalización de drogas se vería menoscabada con esa reserva boliviana, que pondría en peligro los logros conseguidos en los últimos cien años.

Choquehuanca replica que la prohibición del "acullico" que establece la Convención es incompatible con la protección que da a la hoja la Constitución boliviana promulgada en 2009 por Morales, que se mantuvo como líder de sindicatos de productores de coca tras llegar al poder en 2006.

También asegura el canciller que Bolivia no quiere afectar la integridad de la Convención y que poner una reserva para la adhesión puede ser excepcional, pero tiene precedentes en el derecho internacional.

Asimismo, "objeta categóricamente" lo que considera "inferencia equivocada" de la JIFE de que Bolivia busca que la reserva sobre el masticado de coca tenga la "supuesta intencionalidad" de lograr su reclasificación en la lista de estupefacientes de la ONU.

Morales y Choquehuanca han explicado en otras oportunidades que la reserva sobre el "acullico", si es admitida por los países miembros, sería de aplicación solo para Bolivia.

Para que sea admitida, la reserva tiene que ser aceptada por dos tercios de los 184 países miembros de la Convención.

La superficie de cultivos de coca en Bolivia era de 31.000 hectáreas en 2010, el 20 % de la tierra dedicada en toda América del Sur a esa planta.

Desde que Morales llegó al poder, los cultivos de coca han subido de 25.400 a 31.000 hectáreas.

La legislación boliviana solo permite 12.000 hectáreas de coca, norma que el mandatario quiere aumentar a 20.000 con el argumento de que se alentará la industrialización de la planta en refrescos, tónicos, harinas e infusiones.

Morales tiene previsto asistir con productores de coca el próximo 12 de marzo a la reunión en Viena de la Comisión de Estupefacientes de la ONU que evaluará las estrategias en la lucha mundial contra las drogas.

Bolivia es el tercer productor mundial de coca y cocaína, tras Colombia y Perú, y el mayor proveedor para Brasil, Argentina y los demás países del Cono Sur, en los que ha crecido mucho el consumo en los últimos años, según la ONU.