Destinarán recursos del Fondo Minero a educación y salud

Salón de clases
Salón de clases. Recursos a educación.Isabel Mateos/Cuartoscuro

La Comisión de Hacienda aprobó la iniciativa que otorga el manejo del Fondo a la SEP.

México.- Se destinarán recursos del Fondo Minero a educación y salud a partir de 2020, según lo aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) manejará ese Fondo que se recabó este 2019, cuyo monto es de 3 mil 200 millones de pesos, de acuerdo con información del sector, y se repartirá en el siguiente año.

De acuerdo con Reforma, la dependencia puede destinar los recursos a estados y municipios que no tengan nada que ver con la actividad minera.

Un 85 por ciento se destinará a la SEP, según el nuevo texto del artículo 275 de la Ley.

Se plantea que la dependencia, en un 80 por ciento de la recaudación total se deberá aplicar en términos de lo dispuesto por el artículo 271 de esta Ley.

En tanto, el 5 por ciento que resta será para desempeñar las funciones encomendadas en dicho artículo.

Un 10 por ciento irá al Gobierno federal, para que sea utilizado en programas de infraestructura que se aprobaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio que corresponda.

El 5 por ciento restante será irá a la Secretaría de Economía para fortalecer al sector minero, mejorar los sistemas de registro y control de la actividad minera.

El Fondo Minero se creó como fideicomiso partir de la reforma fiscal que entró en vigor en 2014.

Se nutre con el pago de derechos especial y extraordinario de las compañías mineras que operan en México.

Cabe destacar que el Fondo Minero ha cambiado de objetivo en tres ocasiones en menos de un año.

Entre enero de 2014 y mayo de 2018, dicho fondo acumuló recursos por 11 mil 855 mil pesos en total.

Estuvieron repartidos cada año entre 211 municipios mineros que hay en la mayoría de estados del país, que, en muchos casos, representaron recursos superiores a los que recibían de transferencias federales.

En 2018 se invirtió en diferentes obras de infraestructura que se decidían a partir de un comité que conformaban representantes de gobiernos estatales municipales, comunidades indígenas e incluso de empresas.

No obstante, solamente para municipios mineros y bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano (Sedatu).

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