Ciudad de México.- Defensores de Derechos Humanos se pronunciaron por detener temporalmente la discusión de la Ley de Seguridad Nacional hasta en tanto no sea lo suficientemente analizada por organismos de seguridad, defensores y la sociedad civil.

“Se debe detener la discusión, no solo para ampliar la deliberación, en términos de tiempo, es decir incorporemos a más actores en la deliberación, sino también poder profundizar en los contenidos y poder profundizar en los contenidos y no cerrarnos en una sola propuesta para visualizar una sola propuesta de seguridad interior”, sentencio la activista Maite Azuela.

Al dirigir un mensaje, durante la ‘Mesa sobre seguridad y derechos humanos en México’ Jan Jarab, director en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidad  (ONU-DH) se pronunció por evitar una discusión inmediata sobre este tema para generar una discusión inclusiva sobre el modelo de seguridad que México necesita.

“Estamos convencidos que México necesita evaluar sus experiencias, evaluar las experiencias de países latinoamericanos, europeos y cambiar este paradigma.”

Por su parte el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Pérez reconoció que el carácter extraordinario de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, no debe asumirse como algo permanente.

Por ello insistió se pronunció, una vez más por el regreso paulatino de las fuerzas armadas a sus cuarteles.

“Nuestra Fuerza Armada debe volver, cuando las condiciones del país así lo permitan, a las funciones que le son propias, pero bajo un programa gradual y verificable” indicó.

Durante su mensaje Mario Patron, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro afirmó que permitir las labores de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública es un error.

Sentenció que es incorrecto porque de acuerdo con datos del estudio ‘Seguridad interior elementos para el debate'  realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, entre 2007 y 2011, la tasa de homicidios pasó de 8.1 a 23.7 homicidios por cada mil habitantes, lo que se tradujo en 186 mil homicidios de 2006 a 2015.

Mario Patrón añadió que, las quejas por detenciones arbitrarias pasaron de 369 en 2006 a 2 mil 456 en 2011; aquellas por tratos crueles –que pueden significar tortura- pasaron de 330 en 2006 a mil 642 en 2012.

"Con este panorama, hoy deberíamos estar debatiendo cómo transformar de raíz el modelo de seguridad y cómo fortalecer a las instituciones civiles, aquellas obligadas a desempeñar esa tarea, y no viendo cómo se habla de aumentar las facultades de las Fuerzas Armadas para una tarea para la que no han sido diseñadas y preparadas, como sus mismos mandos han reconocido. " indicó.

Al dirigir un mensaje vídeograbado el exrelator sobre ejecuciones extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  Cristopher Heyns expresó su preocupación por los peligros inherentes que significaría permitir que los militares desempeñen funciones policiales como lo autorizaría la Ley de Seguridad Interior, próxima a discutirse en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el ex funcionario de Naciones Unidas al utilizar a las fuerzas Armadas en labores de seguridad pública representa un riesgo pues "el Estado trata a sus ciudadanos como enemigos y la respuesta natural es que la gente actuara de la misma manera, y eso agravara la situación"

"Los integrantes del Ejercito son entrenados para usar la fuerza letal como primer recurso en tanto que los agentes de la Policía están capacitados para utilizarla como último recurso" aseveró