México.- El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, ofreció resultados sobre la investigación por presunto conflicto de interés en el Gobierno federal con Grupo Higa y otras empresas. 

En conferencia de prensa, aseguró que de acuerdo con la investigación ni Enrique Peña Nieto, ni su esposa Angélica Rivera, adquirieron inmuebles a partir de su llegada a la Presidencia

Asimismo, indicó que el mandatario federal no benefició a empresas con contratos, pues no forma parte conforme a sus atribuciones legales. 

En relación a la casa ubicada en Sierra Gorda número 50, Lomas de Chapultepec, que había comprado Angélica Rivera, no se pretendió obtener beneficios adicionales. 

Virgilio Andrade dio una detallada explicación de la investigación DGDI/020/2015 se abrió como solicitud de Peña Nieto para resolver conflicto de interés, y consta de 60 mil hojas, en la que se señala que fueron indagados 111 servidores públicos sobre su relación con contratistas.

Detalló que tras el análisis, se desprende que Juan Armando Hinojosa, accionista mayoritario de la empresa que vendió la casa ubicada en Sierra Gorda número 50, Lomas de Chapultepec, a la esposa del presidente Peña, tienen 22 contratos con la Administración Pública. 

Indicó que las empresas donde Juan Armando Hinojosa es accionista son Constructora Teya, con 3 contratos públicos, Concretos y Obra Civil del Pacífico, con 6 contratos, Eolo Plus, con 11 contratos, y Publicidad y Artículos Creativos, con 2 contratos. 

También Constructora Teya se consideró por estar en un consorcio con otras empresas con el que participó en una licitación pública para el tren México-Querétaro. 

En total, la SFP detalló que son 33 las empresas con algún posible lazo al presidente Enrique Peña Nieto, pues también se tomaron en cuenta 11 contratros asigandos a compañías de Ricardo Arturo San Román. Estas 33 empresas sólo representan el 0.17 por ciento de los contratos asignados por el gobierno federal.

En cuanto a la casa de la calle Sierra Gorda, también conocida como ?Casa Blanca?, Andrade dijo que Angélica Rivera, acreditó plenamente el contrato y los pagos que realizó a Ingeniería Inmobiliaria del Centro. 

De acuerdo con la investigación, Andrade señaló que Rivera acreditó haber recibido 88 millones de pesos por parte de Televisa como finiquito de su relación laboral. 

Al aludir al Aduciendo a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Andrade aclaró que el conflicto de interés existe cuando hay una actuación parcial del servidor público para con las empresas. 

"Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión", citó Andrade.