México.- Rosario Robles, quien fuera funcionaria federal durante la administración de Enrique Peña Nieto, pagó casi 70 mil pesos de garantía para mantener la vigencia de la suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión.

La defensa de Robles Berlanga entregó al juez Décimo de Distrito en Amparo Penal, el billete de depósito número N076882 por 69 mil 500 pesos que expidió el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).

Puedes leer: Rosario Robles tiene 20 mil pesos en cuentas congeladas por Hacienda

El juez Patricio Vargas, quien preside el Juzgado Décimo, celebraría este martes 6 de agosto una audiencia incidental para determinar si concedía o no la suspensión definitiva a quien fuera titular de la Secretaría de Desarrollo Agrio, Territorial y Urbano (Sedatu), y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

La Fiscalía General de la República (FGR) debe entregar informes a los jueces de distrito de diversas entidades para que sólo en caso de existir una orden de aprehensión, se le conceda la suspensión definitiva a Rosario Robles, recupera Reforma.

La suspensión definitiva tiene una temporalidad indefinida y la protegerá de órdenes de captura por delitos que no se purguen mediante prisión preventiva oficiosa, sin embargo, si el delito amerita la condena, la suspensión no impedirá su captura.

Rosario Robles espera audiencia el 8 de agosto

La exfuncionaria tiene cita para el jueves 8 de agosto a una audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur donde se prevé que la FGR le impute el delito de ejercicio indebido del servicio público por el desvío de más de 400 millones de dólares a través de 11 dependencias estatales, 8 universidades públicas y diversas empresas privadas.

Recomendamos: Acudirá Rosario Robles a audiencia el 8 de agosto

El abogado de Robles, Julio Hernández, dijo que la ex servidora pública sólo cuenta con 20 mil pesos en sus dos cuentas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le congelaron como parte de la investigación por el delito de ejercicio indebido de la función pública.

Su defensa detalló que la política se encuentra desempleada y vivía “de prestado”, dado que no cuenta con otra fuente de ingresos para pagar sus gastos personales y las cuentas de su abogado.