México.- El Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista, denunciaron la actuación de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), luego de que realizara un operativo con más de 10 agentes armados para buscar al activista Sergio Rivera, víctima de desaparición forzada, en su propia casa.

Puedes leer: Detienen a los activistas promigrantes Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez

El defensor indígena ambiental desapareció el 23 de agosto de 2018 en la comunidad indígena de Coyolapa, en el municipio de Zoquitlán, Puebla, justo en la Sierra negra del estado.

En conferencia de prensa acusaron que luego de casi 10 meses de los hechos, la única acción de la Fiscalía fue solicitar una orden de cateo para “buscar al activista” al interior de su propio domicilio, a través de información irregular donde un agente policial informaba que “había visto a Sergio conviviendo con sus hijos y escondiéndose en ese domicilio”.

Activista Sergio Rivera. Foto: Especial

En conferencia de prensa, las organizaciones describieron que los agentes policiales ingresaron con armas largas al domicilio, rompieron puertas y cerraduras “como si buscaran a un delincuente y no a una víctima de desaparición forzada”.

Lo más leído de Puebla

Recomendamos: Atentan contra Carlos López, activista y defensor del agua

Otras situaciones que la familia de Sergio ha enfrentado es el desplazamiento forzado, pues su esposa, Consuelo Carrillo León, y sus 5 hijos, se han visto obligados a dejar su hogar en 2 ocasiones. Además, han recibido amenazas y hostigamiento por parte de personas relacionadas con los responsables de la desaparición.

David Peña, Director jurídico de Grupo de Acción, resaltó a pesar de que hasta el momento se desconoce el paradero de Sergio, hay 3 personas detenidas y procesadas por la desaparición del activista, aunque ninguna de ellas ha informado su paradero.

Lee esto: Matan a José Luis Álvarez, ambientalista y defensor del mono saraguato en Tabasco

Conflictos con hidroeléctrica Coyolapa-Atzala

El conflicto territorial en la Sierra Negra de Puebla comenzó con los planes de imponer la construcción de la hidroeléctrica Coyolapa-Atzala, impulsada por la Minera Autlán. La construcción de dicho proyecto representaría el entubamiento y contaminación de mantos acuíferos y la destrucción de más de 9 mil hectáreas de selva, según los activistas.

En este contexto, Sergio Rivera dirigió a la comunidad de Coyolapa y otras, a un proceso organizativo para exigir el respeto a los derechos de los pueblos indígenas e impedir su construcción.

Puedes leer: Identifican a presuntos asesinos del activista rarámuri Julián Carrillo

Los pobladores afectados han denunciado que luego de la desaparición de Sergio, la minera responsable ha propiciado división en las comunidades y corrupción con autoridades municipales para facilitar los permisos y amedrentar a las personas opositoras de este proyecto.