México.- El gobierno de Colombia expidió el Decreto 546 que permitirá la liberación temporal o prisión domiciliaria de internos, para evitar sean afectados por la propagación de la pandemia de Covid-19.

Tras el retraso por la polémica generada a raíz del planteamiento, la cifra disminuyó al número originalmente contemplado de 10 mil personas a alrededor de 4 mil presos, según cálculos de medios informativos de ese país.

Los beneficiados de darles "casa por cárcel" durante seis meses, serán personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, con alguna discapacidad, quienes hayan cumplido el 40 por ciento de su pena, quienes estén condenados con penas de hasta 5 años y quienes estén condenados por delitos culposos.

Las autoridades del país sudamericano aclararon que no se incluye a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra; tampoco quienes estén en proceso o sentenciados por delitos contra menores de edad, sobre todo los relacionados a delitos sexuales; ni a quienes hayan pertenecido a grupos guerrilleros; o sentenciados por corrupción.

Tras la recomendación de ONU Derechos Humanos a países del mundo, el gobierno de Iván Duque decidió liberar ciertos perfiles de personas presas, así como varios países han tomado en cuenta la recomendación de acuerdo a las consideraciones locales.

México no considera como medida sanitaria la preliberación de internos

No obstante, en México no se considera una medida sanitaria. El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló la semana anterior que no se tiene considerada la liberación temporal o preliberaciones por la situación actual de coronavirus.

Pero esta semana la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que está analizando preliberaciones en casos de personas mayores de 60 años y embarazadas.

Cabe mencionar que se presentó un brote del nuevo coronavirus en el penal de Cuautitlán, en el Estado de México, situación que causó enfrentamientos entre familiares y policías al exterior, tal como ha sucedido en otros países, por el temor a que sean focos de infección de Covid-19 y por los motines que los propios internos han organizado.

Diversas organizaciones han señalado que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad no tienen sentencia, lo cual es una violación a sus derechos humanos y congestiona el sistema de justicia.