El diputado federal del Partido del Trabajo, Fernando Vilchis Contreras, impidió una diligencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en un predio clausurado que presuntamente opera como tirador en la colonia La Monera, donde también se opuso al aseguramiento de vehículos utilizados para depositar basura.

Fernando Vilchis bloquea inspección en basurero ilegal

De acuerdo con los reportes, la diligencia consistía en una inspección ministerial en el terreno ubicado en la calle Zapata, el cual se encuentra bajo investigación y previamente había sido clausurado.

El predio clausurado en La Monera es señalado como foco de infección y opera cerca de viviendas.

En el sitio, autoridades detectaron un vertedero instalado a menos de 20 metros de viviendas, sin permisos, lo que representa un foco de infección para las y los habitantes de la zona.

El legislador acudió al lugar acompañado por bicitaxis y recolectores de basura vinculados con la organización Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) Autónoma. Durante la intervención, el diputado habría impedido que personal ministerial retirara camiones recolectores que se encontraban asegurados dentro del predio.

El predio clausurado en La Monera es señalado como foco de infección y opera cerca de viviendas.

Sin embargo, vecinos de La Monera han denunciado en diversas ocasiones los riesgos sanitarios derivados del tiradero clandestino, señalando presencia de fauna nociva y afectaciones a la salud.

Tras la diligencia, se reportaron bloqueos en la vía José López Portillo y en Avenida Central, presuntamente organizados por recolectores de basura vinculados con la misma organización, con el objetivo de presionar a las autoridades y permitir la continuidad de operaciones del tiradero.

El predio clausurado en La Monera es señalado como foco de infección y opera cerca de viviendas.

Según los reportes, el cierre en López Portillo fue encabezado por Giovany Reyes, mientras que el de Avenida Central estuvo a cargo de María Luisa, ambos señalados como operadores de basureros clandestinos.

El predio continúa bajo investigación por parte de la FGJEM, mientras vecinos exigen el retiro definitivo del tiradero y medidas para atender los riesgos sanitarios en la comunidad.