Columnas

Lo dicho, la SCJN bajo asedio

Luis María Aguilar Morales Foto/Notimex

La SCJN no puede ni debe dejarse intimidar ni por el poder ejecutivo ni por sus huestes.

Tautología
Del gr. ταυτολογία tautología, de ταὐτό tautó 'lo mismo' y -λογία -logía 'acción de decir'.
1. f. Ret. Acumulación reiterativa de un significado ya aportado desde el primer término de una enunciación, como en persona humana.
2. f. despect. Repetición inútil y viciosa
Diccionario de la lengua española
Ejemplo:
“Llevar a cabo una consulta no significa violar ninguna garantía... es darle al pueblo su libertad para ejercer la soberanía y no es violatorio de derechos humanos porque se tiene que llevar a cabo en el caso de que los ciudadanos decidan que se inicien los procesos o continúen los procesos en contra de los ex presidentes; no hay juicio sumario, no hay una vía extrajudicial.”
Andrés Manuel López Obrador

Luego de socializarla ampliamente, el presidente de la república lanzó su propuesta de consulta popular al respecto de si se debía proceder o no a juzgar a cinco ex presidentes, todos ellos mencionados —claro está— por sus nombres y apellidos. Sabe de antemano —o debía saberlo, ya que es parte de su responsabilidad y de lo establecido en la Constitución política que juró obedecer— que los derechos humanos están por encima de cualquier otra normatividad, acción o propósito jurídico y/o político del “pueblo” y de la autoridad. Los DH no pueden supeditarse y mucho menos vulnerarse por la vía de una consulta popular.

Pero lo anterior poco o nada le importa, pues el titular del ejecutivo ha sembrado ya en el psique de la población que la justicia popular —en este caso sustentada en 2.5 millones de firmas, cuya validez deberá comprobar el INE— “debe de considerarse” para lo que se refiere a la aplicación de la ley. Digámoslo como es: el líder de la nación quiere instaurar el gobierno de y por el vulgo, y para ello ha rechazado en VARIAS ocasiones la preeminencia de la normatividad y ha privilegiado explícitamente el ejercicio de la justicia popular.

En el proceso, claro está, contribuye a dinamitar al único poder que sigue manteniendo su autonomía ante él como ejecutivo federal.  Ya lo habíamos anticipado en este espacio.

El proyecto de resolución del ministro Luis María Aguilar Morales, en quien recayó en este caso la elaboración del dictamen, apunta de forma precisa a señalar lo inconstitucional de la propuesta de la mencionada consulta popular, así como específicamente de la pregunta sugerida. Cuando se presume la existencia de un delito (teniendo elementos suficientes para sustentarlo), basta que una persona o institución denuncie para que el ministerio público investigue y el poder judicial valide los elementos probatorios y determine si el responsable debe ser castigado por un hecho y/o conducta ilícita. Ante lo cual, la consulta popular no es una figura constitucional preparatoria —esto es, que abone a determinar si se inicia o no una investigación de posibles delitos— en un proceso de juicio de un individuo (sea cual sea este). Lo anterior sin importar si el colectivo popular lo quiere, lo siente o lo considere de “sentido común”, como aduce nuestro presidente.

Pero una vez que el ministro Aguilar presentó su dictamen (y es que está obligado a hacerlo), el lopezobradorismo tomó, esta vez no soterrada sino públicamente, una posición indefendible y francamente sinvergüenza: vender/convencer al pueblo mexicano que SU voluntad (disfrazada de justicia popular) debe ser tomada en cuenta para arribar a la legalidad y, por ello, a la justicia verdadera.

Falso. Son las consideraciones de la Suprema Corte, del presidente Arturo Zaldivar y del resto de los ministros las que determinan la interpretación de la ley, lo que se llama jurisprudencia, y en quienes reside la autoridad y la determinación legítima en la materia.

Lo que el titular del ejecutivo sostiene, en cambio, es una invitación a formalizar el linchamiento social (o, para el caso, la inmunidad social), haciendo a un lado el contrato —también social— al que todos estamos obligados y del que nos beneficiamos como habitantes de este país llamado México.

Los juicios de Nuremberg contra los criminales nazis de la IIGM y el juicio de Eichmann en Israel son muestra inequívoca de que la ley y la justicia no se depositan en el libre arbitrio de la gente o en la voluntad de una sola persona. Mismo tratándose de los peores asesinos de la historia, se les otorgó un juicio justo, conforme a derecho. No se usaron para dar un espectáculo a las multitudes y tampoco para destruir el sistema de justicia del país en cuestión.

Adolfo Hitler (amigo, por cierto, de Benito Mussolini) prefería, en cambio, dejar que la gente tomara la “justicia” en sus propias manos. Así la “noche de los cuchillos largos” (1934) fue una purga —sin justicia de por medio— en contra de sus enemigos políticos. Posiblemente, de haber existido un juicio justo, algunos hubiesen terminado en la cárcel... No lo sabremos.

Ante la intimidación, que proviene más importantemente desde el púlpito presidencial, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tienen más remedio que soportar y dictaminar lo correcto. El primero de octubre, en el pleno, su decisión deberá ser conforme a la Constitución. La SCJN no puede ni debe dejarse intimidar ni por el poder ejecutivo ni por sus huestes que tomarán el Zócalo ese fin de semana. De ser necesario, deberán pedir protección física; se espera una dura andanada chaira que les caerá encima cortesía de la 4T y del presidente.

Esto último no es broma; no exagero. Los constitucionalistas requieren protección. Habrá linchamiento verbal —el primer mandatario, gozando plenamente de sus libertades que no se le escatiman, lo propicia todos los días desde las mañaneras—; no puede descartarse tampoco el físico.

Probablemente, a su petición de requerir protección, la SCJN recibirá una respuesta vaga, alegando austeridad; quizá presidencia incluso pase a ningunearlos, pues ya sabemos que es su estilo.

Pero mientras esa protección no exista, es deber de la sociedad civil apoyar a la SCJN y con ello registrar la importancia del Estado de Derecho.

Si el presidente de la nación ya no quiere reconocer el marco normativo, si lo considera injusto o inadecuado, que planteé ABIERTAMENTE la realización de un constituyente y la eliminación del contrato social. Que sea claro en sus aspiraciones y no pretenda operar en una incierta y falsa “consideración del sentir popular”. Deberá decir: “ya no reconozco las leyes”, y asumir el riesgo de ser considerado —o no— en el concierto de naciones como un violador del Estado de Derecho y acosador del poder judicial. Porque lo que no es correcto es aplicar la ley vigente a contentillo; utilizar la figura de la “justicia popular” para imponer su voluntad.

Es momento de que ministros y ciudadanos optemos por blindar a la SCJN del atropello que se pretende ejecutar.