La gente paga por su propia subordinación.<br>

Noam Chomsky

A raíz de la difusión ya de dos videos en donde aparecen Pío López Obrador y el hoy servidor público David León Romero entregando y recibiendo dinero ilegal para Morena, y ante la presión de algunos sectores de la ciudadanía, este último anunció en su cuenta de Twitter: “Próximamente, acudiré voluntariamente a la FGR, a ponerme a sus órdenes, en torno a los videos difundidos en días pasados”.

¿Será cierto o solo lo dice para apaciguar el encono? ¿Qué sucedería si lo hiciera; la Fiscalía lo recibiría? ¿Bajo qué argumentos? ¿O tendría que mandarlo de vuelta a su casa?

¿Presentará él primero una demanda contra quien resulte responsable de sustraer esos videos de su casa y de darlos a conocer? ¿O una donde acuse a media 4T de que lo obligaron a recolectar dinero y entregárselo a Pío López Obrador?

¿Qué haría la FGR en ese caso? ¿Cuidarlo?, ¿decir que es un testigo protegido por dar información pertinente?

Por otro lado, ¿por qué hizo esas grabaciones? Denota demasiada desconfianza; muestra una intención de “cargo y abono”. ¿Qué pretendía asegurar? ¿De qué quería protegerse?

Estas preguntas no significan agresión. Son cuestionamientos —creo— válidos producto de la misma lógica e intencionalidad utilizadas por el hoy presidente López Obrador en relación a tantos otros actores de la esfera pública —muchas con razón, otras sin ella.

Sigamos: ¿en qué momento David León trabajaba de consultor del gobierno de Chiapas? Quien era entonces el gobernador de la entidad, Manuel Velasco, lo niega.

¿Quién dio esas cantidades de dinero?, ¿eran recursos del gobierno chiapaneco? De no ser así, ¿cómo fue recolectado? ¿Durante cuánto tiempo? ¿A cuánto ascendió el total recolectado? ¿Entregado? ¿Cuál fue su destino? ¿Quienes aportaron supieron del destino final de esas contribuciones? ¿Fueron reportadas? ¿Estaban él y Pío López Obrador registrados ante el INE como administradores?

Todas son interrogantes de relevancia. Las “aportaciones”, así sean voluntarias del “pueblo bueno” no fueron legales si no se notificaron ante la autoridad. La justicia aquí no es revolucionaria, ni de insurrección. Se trata(ba) de un movimiento partidista supuestamente contendiendo con unas reglas del juego democráticas. Bajo esas reglas AMLO decidió competir, bajo esas reglas ganó y bajo esas mismas reglas se le reconoció su triunfo electoral en numerosas ocasiones, siendo la más sonada la de 2018.

¿Por qué acude ante la Fiscalía?, cuando la primera instancia en este caso es la FEPADE (su parte electoral, si bien prescrita) y el SAT (el delito que no ha prescrito).

Y una última tanda de preguntas se resumiría en : ¿La entrega del efectivo cómo impactó en la obtención de su actual puesto de trabajo dentro del gobierno de la 4T?

Mientras estas y otras dudas se resuelven, démosle un NO rotundo al senador Ricardo Monreal y a su innecesaria propuesta: “Para cumplir con las exigencias ciudadanas de profundizar y acompañar las investigaciones sobre corrupción y otros delitos, se ve cercana la creación de una comisión legislativa de la verdad. Es impostergable sumarse a la cruzada que iniciaron el ejecutivo federal y la FGRMéxico.”

Vale la pena recordarle al legislador que en este país existe una separación de poderes (aunque el legislativo y ejecutivo se nieguen a verlo). También que la creación de una nueva comisión es sinónimo de un mayor gasto, y menos tiempo para atender otros asuntos urgentes. Para un país en “modo austeridad” y con realidades apremiantes, la mayoría de ellas causadas por la propia administración federal, lo dicho por el legislador se acerca más a un nuevo encubrimiento y muestra del nulo compromiso de la 4T con la verdad.