Columnas

El altamente probable caso de que Emilio Lozoya salga libre por violación a su debido proceso

Peña Nieto y Lozoya

No ayuda el afán de capitalizar políticamente el asunto mucho muy antes de tiempo y mucho muy fuera de toda proporción.

“Hay que hacer lo que uno cree que debe hacer”
Baltasar Garzón

La típica estrategia de los abogados mañosos es facilitar las condiciones para poder “gritar” violación al debido proceso de su cliente, el acusado, y con eso evitar que este sea declarado culpable.

El caso que nos ocupa, el que las autoridades mexicanas libran contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex, entre los años 2012 y 2016, podría no ser la excepción.

Hasta aquí, entonces, nada nuevo.

Lo que a mí me sorprende al grado de resultar incomprensible es que las dependencias del ejecutivo federal, comenzando por su titular, caigan redonditos precisamente en esa treta.

Se entiende, como vulgarmente se dice, que al presidente López Obrador se le quemen las habas por exponer a Lozoya y la supuesta corrupción de los gobiernos que le antecedieron. Finalmente —lo he dicho muchas veces y lo sostengo— al no poder presumir de nada realmente positivo en lo que va de su mandato —ciertamente no en materia de política pública—, es difícil que se abstenga de “desenvolver el regalo antes de tiempo”. El problema es que, con eso, lo que hace es correr el riesgo de echar a perder la sorpresa...

Para el éxito del plan de la defensa del implicado, poco importa que la autónoma FGR, comandada por Alejandro Gertz Manero, no caiga en las jugarretas del abogado Baltazar Garzón; que lo haga el primer mandatario y otras figuras de su gabinete es más que suficiente jurídicamente hablando para los propósitos del experimentado litigante.

Es increíble que a AMLO se le haya pasado desapercibido (esto es, que no le hayan informado) que de hecho Garzón ya había caído en prevaricato tiempo atrás pues conocía el expediente con el que ahora se trata el caso de Lozoya ¡Garzón trabajaba en España para el gobierno mexicano para la extradición de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos! En otras palabras, Baltazar Garzón cooperaba antes con la autoridad mexicana en el mismo caso y ahora se pasó del lado de la defensoría... Si el abogado que dirige la defensa de Emilio Lozoya hace eso que a todas luces es poco ético e ilegal, ¿cómo es que el gobierno mexicano no ve que este intentará reventar el proceso contra su cliente y que las autoridades mexicanas deben evitar darle motivos para conseguir precisamente eso?

López Obrador, sin embargo, ha hecho todo lo contrario. Para empezar, ha sido el primero —desde el púlpito presidencial, ni más ni menos— en violar el principio de presunción de inocencia del detenido. De por sí vivimos en un país en donde suele emitirse sentencia social mismo antes de iniciado el proceso judicial... AMLO solo se ha dedicado a alimentar ese espíritu.

Adicionalmente, desde presidencia ha partido una actitud que se ha visto socializada: quieren trasladarle al imputado, a Emilio Lozoya, el proveer pruebas para su defensa, y se olvida que es la parte acusadora —el gobierno mexicano en este caso— al que le corresponde probar la culpabilidad del detenido.

Pero vámonos un poco más allá. El primer mandatario ha afirmado en la mañanera en varias ocasiones que Loyoza ya ha declarado. Y no solo eso, ha dicho que este ha revelado elementos importantes que inculpaban a funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y diversos legisladores, particularmente de la bancada de Acción Nacional.

Lo anterior no solo es absolutamente falso en razón de que el ex director de la paraestatal aún no ha hecho ni siquiera sus audiencias iniciales (sus primeras declaraciones) ante el ministerio público, sino que además el ejecutivo federal está contribuyendo nuevamente a revelar información que ha sido filtrada —muy probablemente por el equipo que lo defiende— y que forma parte del expediente para procesar al ex funcionario; esto es, unos elementos del contenido de la declaración de Lozoya en España. Ello solo le ayudará a Garzón a establecer los fundamentos para invalidar el caso que tiene nuestro gobierno contra su cliente, obligando a que la fiscalía tenga que integrar nuevas investigaciones y medios de prueba con los que sustentar jurídicamente las imputaciones.

Para hacer las cosas peores, el presidente ha sostenido con absoluta convicción que Emilio Lozoya es un testigo protegido; “testigo colaborador, le llama la fiscalía”, ha dicho. Eso también podría abonar a argumentar fallas al debido proceso por parte del cuerpo de abogados que defienden a Lozoya. La figura de “criterio de oportunidad” puede llegar a aplicar en México cuando al imputado se le acusa de delincuencia organizada, lo que no es el caso ahora. Las acusaciones por las que se detuvo y extraditó a Emilio Lozoya son otras: operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho, asociación delictuosa y ejercicio indebido del servicio público.

En razón de todo lo anterior, no nos sorprendamos que todo el proceso contra Emilio Loyoza (información y pruebas incriminatorias de su persona y otros ex funcionarios) se venga abajo y que este salga libre. Y el primero que habrá contribuido a que esto haya sucedido habrá sido el presidente AMLO.

Desde antes de su arribo a suelo mexicano López Obrador se ha dedicado a generar muchas expectativas para que se dé a conocer pruebas irrefutables sobre el sistema de corrupción del viejo régimen (como si el simple testimonio y/o videograbaciones entregadas, pero NO judicializadas de un antes prófugo/ hoy detenido lo fueran).

Y todo por su afán, a partir de una mera extradición, de capitalizar políticamente el asunto mucho muy antes de tiempo y mucho muy fuera de toda proporción.