Columnas

Defenderá el interés público, ¿como aquel que se sintió perro y defendió al peso?

No pudo evitar las lágrimas cuando juró defender la economía nacional

Idea equivocada pensar que reformar la Constitución resuelve el problema. La propuesta de López Obrador habría sido viable —quizá— en los 70s.

“Yo entiendo que con la nueva política no estén conformes, pero nosotros no vamos a ceder porque tenemos que defender el interés público. Somos funcionarios públicos; a nosotros no nos interesan los negocios privados, sino los públicos”.
Andrés Manuel López Obrador
En su tiempo, el presidente López Portillo —hombre nacionalista, culto y conocedor de la historia patria— hizo un serio compromiso: “Defenderé el peso como un perro”. Mal guardián, la moneda nacional se devaluó como pocas veces había ocurrido. No entendió que en economía, tanto en temas cambiarios como de inversiones, no hay mejor protección que las leyes económicas. Así que para culpar a alguien y evadir su responsabilidad, aquel mandatario nacionalizó los bancos..., y ello se convirtió en una brutal crisis.
Breve lección de historia económica

Comencemos por decir que no se trata de inconformidades, sino más bien de violaciones a instrumentos legales internacionales.

El Congreso de los Estados Unidos envió al mandatario estadounidense, Donald Trump, una carta denunciando las recientes acciones emprendidas por la 4T y el presidente López Obrador que contravienen lo acordado en el T-MEC en materia de energía. Ante ello, horas más tarde, AMLO aseguró a la opinión pública que, por encima de ese instrumento internacional, él defenderá los intereses nacionales de Pemex y de la CFE. Incluso, sugirió que si también fuera necesario reformar nuestra Carta Magna, lo haría.

Cierto es que en el capítulo de energía de dicho tratado, México se reservó el derecho de soberanía. Ello, sin embargo, no creo que legalmente sea ni justificante ni sinónimo de romper acuerdos, de violentar el Estado de Derecho o de impedir la libre competencia... Lo que sucede es que, como en México se le permite vulnerar la ley en función de privilegiar su definición y concepción muy propias de la justicia social, piensa que en el concierto internacional eso es tolerable.

El titular del ejecutivo federal está utilizando la defensa del interés público como pretexto para, sin un plan de rescate viable, intentar impulsar a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos.

El dogma mal entendido confunde el interés público con la salvación de entidades del Estado, y esa confusión sí que resulta un sofisma...

Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Pero hay más: tiene un producto cuyo futuro es muy limitado y una pésima infraestructura para salir adelante. Y con la resolución del presidente, México se quedará fuera, de una vez por todas, de una integración a los mercados energéticos de América del Norte, donde cada país utiliza sus fortalezas energéticas. Las fortalezas que sí existen, no las que se desea tener.

Aunque López Obrador diga que los combustibles en el país han bajado de precio a raíz de las acciones emprendidas por la 4T, la realidad es otra. Los precios siguen los vaivenes del mercado mundial, máxime cuando importamos gasolina.

Dentro de esa irrefutable realidad, el interés del pueblo que dice defender debiera tener la opción de decidir cuáles son las energías más baratas y las menos contaminantes y, en base en ello, producirlas, importarlas, adquirirlas y costearlas. El aferrarse a que las únicas opciones generadoras sean las paraestatales mexicanas solo logrará que a la larga los precios aumenten y que la forma de producir la energía y gasolina sea mucho más contaminante. Ya sucede con la quema de combustóleo o carbón para la producción de energía eléctrica. No se trata ni de un mito ni un sofisma.

Lo que piden los congresistas estadounidenses es que se respeten y se cumplan las reglas. En principio, lo que apenas firmó esta administración federal como parte integrante del T-MEC.

Tal vez los legisladores de Morena tampoco leyeron esa parte del acuerdo cuando se aprobó. Quizá el presidente AMLO no suscribía esas cláusulas cuando personalmente lo avaló en su visita a Washington, DC. Sea lo que fuere, el resultado es que hoy el asunto de la energía es un foco rojo en la relación de nuestro país con otras naciones.

La decisión de la antes autónoma CRE —esto es, a petición de la 4T— de frenar los trámites y permisos a proyectos eléctricos de la iniciativa privada no solo vulnera los derechos de las empresas que han invertido, también pone en jaque la política de confiabilidad eléctrica. No en balde la CFE se ha visto sobrepasada y el número de apagones en fechas recientes ha aumentado por una política mal diseñada y peor desarrollada. Lo alcanzado en años recientes, que no era poco como lo podemos atestiguar millones de consumidores, tirado por la borda en aras de una ideología.

Y es que hay una idea equivocada al pensar que reformar la Constitución resuelve el problema. No, señores y señoras. El error fundamental radica en la retrógrada forma que tiene el lopezobradorismo de entender los tiempos que vivimos.

La propuesta de López Obrador habría sido viable —quizá— en los 70s. Hoy en día invertir en Dos Bocas en lugar de energías limpias es malgastar los pocos recursos que se tienen en las peores alternativas.

Ya es momento de que México tenga una política energética de país y no de gobierno; una que vele por el bienestar de la población y no por el poder o presencia electoral. No entenderlo, llevará a que la defensa del interés común sea tan erróneo como “defender el peso como un perro”.

Y ya conocemos el desenlace del sexenio de López Portillo...