29 de noviembre de 2021 | 18:17
Opinión de Samuel Palma

Reforma electoral disruptiva

Con la reforma de 1989-1990, la Comisión Federal Electoral, se transformó en Instituto federal Electoral, IFE.
INE
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La trayectoria de las llamadas reformas político-electorales.

En el ámbito legislativo, la materia electoral es una de las que más reformas o adecuaciones ha experimentado en las últimas décadas, lo que se corresponde con la profundidad de un proceso que implicó pasar de un sistema hegemónico a otro de carácter competitivo de partidos. La trayectoria de las llamadas reformas político-electorales es por demás interesante, dado que, en buena medida, marcó la pauta del sistema de partidos, que es asiento del régimen constitucional democrático.

Imposible referir en este espacio la naturaleza e implicaciones de cada una de dichas reformas, pero un breve repaso es posible destacar su trascendencia, empezando por la de 1946 que creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral (CFVE),  primer antecedente del actual INE, en cuanto inauguró la formación de un organismo central para la organización de las elecciones, siendo que antes de ello éstas se efectuaban a través de los estados y de los municipios, lo que reportaba una infinidad de problemas y de conflictos de los cuales se da cuenta en las crónicas y en los testimonios de entonces.

Las transformaciones del IFE-INE

Después la Comisión Federal de Vigilancia Electoral (CFVE),  evolucionó a Comisión Federal Electoral, CFE; más tarde tuvieron lugar otras iniciativas, hasta llegar a la integración de la representación política en la Cámara de Diputados, como ocurriera con la de 1963, que creó los famosos diputados de partido, conformándose un mecanismo inédito para que fuerzas políticas opositoras al gobierno y con un mínimo de votación pudieran tener acceso al Congreso, aún cuando no hubiesen obtenido triunfos por mayoría en los distritos electorales correspondientes.

Esa pista de modificar el sistema de integración de la representación política en la Cámara de Diputados fue el que se observó en la reforma política de 1977, que creó el sistema mixto vigente en la actualidad, consistente en combinar el método mayoritario en distritos uninominales, con el de representación proporcional en circunscripciones plurinominales. Entonces eran 300 distritos para el primero, mientras que 100 para el segundo; en la actualidad 300 y 200, respectivamente.

Con la reforma de 1989-1990, la CFE se transformó en Instituto federal Electoral, IFE, incorporando importantes cambios en su composición, a favor de impulsar su autonomía; a pesar de que hubo adecuaciones electorales en 1993 y 1994, la siguiente gran estación fue la de 1996 que, entre otras cosas, completó la autonomía de carácter constitucional y la independencia del IFE, consolidó el sistema jurisdiccional de calificación de las elecciones, al tiempo que alentó la pluralidad y la competencia política con el sistema de prerrogativas y de financiamiento, preferentemente público, a los partidos. De ahí, la experimentación de nuevas reformas tuvo lugar en 2007 y en 2014, en una ruta que nos lleva hasta el momento actual.

La lucha electoral

Como se puede advertir, en todo ese largo trayecto han sido las elecciones presidenciales, sus hallazgos y aprendizajes los detonadores de las grandes modificaciones en el orden político electoral. La de 1946 se hizo, en efecto, de cara a los comicios presidenciales que tendrían lugar ese año; en 1963 estaba el referente de los comicios, también presidenciales de 1964; la de 1977 se realizó en el marco que había planteado la circunstancia de que el candidato presidencial del PRI hubiera carecido de oponente, lo que formulaba una paradoja crítica en el sistema político, en el sentido de invocar el unipartidismo y de volver inocua la lucha electoral.

De nueva cuenta la reforma de 1989-1990 se pergeñó en el escenario de la crisis de la elección presidencial de 1988; otro tanto ocurrió con la de 1996, que estuvo precedida por la declaración zedillista en el sentido de haber triunfado en unos comicios legítimos pero inequitativos; la de 2007 se realizó en el contexto de la nueva crisis que produjo la votación de 2006, singularmente disputada entre los dos principales candidatos presidenciales, con dudas respecto de sus resultados y con un amplio debate sobre los gastos y de la contratación de espacios de publicidad en medios electrónicos; la última reforma tuvo lugar en el ambiente de los acuerdos que generaron las distintas fuerzas política al inicio del gobierno que triunfó en los comicios de 2014.

Se puede advertir, entonces, que las principales reformas político-electorales que ha experimentado el país han tenido como denominador común reflexiones, problemas, planteamientos y hallazgos que han surgido a en las inmediaciones de comicios presidenciales, ya sea antes o después de ellos. La etapa más abiertamente hegemónica del PRI, hasta 1977, tuvo el impulso de los gobiernos de ese origen partidista, y dentro de una discusión intensa sobre la democracia mexicana; pero después éstas estuvieron enmarcadas en la edificación de acuerdos y pactos en la dimensión de la pluralidad política y del sistema de partidos.

Con claridad se dibujan dos ciclos, el correspondiente a la etapa fuertemente hegemónica del PRI, y la correspondiente a la consolidación de la pluralidad; en la primera, fueron las pulsiones priístas y su interpretación de los reclamos de la sociedad, lo que motivó las reformas; en la segunda, fue el parto de los pactos y los acuerdos que al efecto se construyeron en el contexto de la pluralidad política, lo que los detonó.

El carácter disruptivo de la nueva reforma que se postula para los próximos meses, es que escaparía a la lógica que ha sido planteada en las últimas décadas; incluso se ubicará fuera del entorno de la elección presidencial de 2018 y de la previa conformación de acuerdos, en cuanto al desempeño de las instituciones electorales. Su móvil específico se ubica en la polémica generada en la perspectiva del gobierno y de su partido, relativa a la resolución del INE sobre la negación de registro a algunos los candidatos de este último, conforme a los dispuesto por la legislación existente, pero que antes de su aplicación no había sido ni debatida, ni tampoco objeto de controversia.

Es materia de coincidencia la apreciación de que la medida de negar el registro de candidatos es excesiva, respecto de la falta de haber omitido la presentación del reporte previsto sobre los gastos de la pre campaña; pero también lo es que superar tal omisión resultaba sumamente sencillo para el partido en cuestión y para tales candidatos.

La óptica que parece originar la posible reforma se vincula más a lo que sucedía en el ciclo hegemónico del PRI, que a la etapa de la pluralidad política. Se trata, por eso, de una reforma disruptiva, planteada desde la óptica de un partido, pendiente de posibles acuerdos y de una perspectiva más amplia a debatirse en el momento de que la iniciativa sea presentada.