El TEPJF dictará en la primera semana de septiembre el punto final al plano jurídico de la elección presidencial; en el plano político no hay fecha que determine para cuándo y cómo resolver las inconformidades postelectorales, pues la agenda de demandas rebasó el ámbito institucional y hasta a los propios partidos impugnadores.
Como ocurrió en 1988 y 2006, en el 2012 el resultado electoral creó un nuevo ambiente que hace impostergable una discusión real sobre el pacto social del Estado mexicano. La ausencia de mecanismos para armonizar la convivencia de fuerzas políticas opuestas en su visión de lo que el país debe ser y cómo llegar a serlo, pone sobre la mesa la discusión de la transformación de las instituciones a través de un nuevo congreso constituyente.
A diferencia de quienes creen que por la vía de las armas o la actitud golpista se resuelve todos los males de este país, ahora es preciso actuar con madurez y seriedad para el bien de todos los mexicanos. Hay que superar a los maximalistas e intolerantes, a los extremos que de pronto se unen.
La discusión no es nueva. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se buscó adecuar las instituciones al esquema de modernización económica y política, pero encontró resistencias en aquellos sectores que defendían el legado del constituyente de 1917.
Desde 1994, Porfirio Muñoz Ledo ha cabalgado –de manera incansable, pero con poco éxito— con su reforma del Estado y la creación de una nueva carta política de México. En el 2001, Vicente Fox aventuró la posibilidad de reformar a fondo la Constitución, pero tuvo el rechazo tajante de los legisladores priístas y, lo peor, teniendo a Muñoz Ledo de su lado, lo mandó de embajador a Europa dejando en Santiago Creel y Francisco José Paoli Bolio la Reforma del Estado que nunca llevaron a cabo porque les ganó la ambición a Creel de ser candidato presidencial.
En la Cámara de Diputados, a fines de 2006, el entonces diputado de Convergencia, Jesús Martínez Álvarez, promovió también una iniciativa con un proyecto de nueva Constitución; no fue secundado.
Finalmente, Cuauhtémoc Cárdenas, en un paso boicoteado por el canibalismo del nuevo caudillo su propio partido, siendo entonces como comisionado para la conmemoración del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, planteó que en el 2010 México debía contar con una nueva Constitución; su voz fue acallada y hasta tuvo que renunciar a la encomienda a la que todos los partidos estaban de acuerdo.
Sin embargo, la actual coyuntura con fuerzas políticas ideológicamente opuestas y bien representadas en el Congreso de Unión, obliga a revisar la Carta Magna. El problema es de forma y el fondo. ¿Qué propuestas hay al respecto? ¿Cuáles son ahora las rutas por las que quisieran conducir esta discusión? ¿Qué tan viable son las propuestas que están sobre la mesa?
La disputa electoral por la Presidencia de la República, sin duda, a partir de mañana jueves dará paso a la disputa por la conducción de la reforma de las instituciones, lo cual en el fondo es también la disputa por la Nación. Ya no sólo se peleó el voto, sino la ruta política de todo un país. No es lo mismo reformar para ajustar el marco institucional privilegiando el entorno económico del país y el modelo de democracia liberal, que reformar para garantizar la justicia social y la democracia participativa. Distan mucho las ideas de Salinas de Gortari a las de Muñoz Ledo o las del PAN, a la del “nuevo PRI”, a las del PRD.
De ahí que se pongan sobre la mesa dos mecanismos para hacerlo. Los tiempos verbales son para precisar que se trata de movimientos políticos hipotéticos, aún no concretados:
Uno. La coalición pragmática del nuevo régimen. El equipo del presidente electo, podría hacer llamado a la conciliación nacional y a la conformación de una serie de acuerdos para una reforma política, puesto que el marco institucional del presidencialismo ha sido rebasado.
A esta convocatoria, las dirigencias del PAN, PRI, PVEM y el PANAL, así como sus gobernadores, darían su anuencia, pero se desconocerían los mecanismos de participación. El objetivo central estaría en ganar la legitimidad gobernando con “mano izquierda” (supuestamente para aislar a AMLO y su movimiento).
Considerando las declaraciones de los próximos coordinadores parlamentarios del PRI de cómo pretenden llevar a cabo las reformas estructurales, sería por la vía del Congreso de la Unión como se darían dando los cambios. Se trataría de llevar a cabo una Reforma del Estado en forma escalonada, segmentada y a resolverse empezando por los rubros sencillos hasta llegar a los más controversiales.
Esta lógica tendría sus bondades, pero también sus deficiencias. Sus interlocutores en el Congreso no son confiables porque el sistema político actual no premia el consenso ; los políticos no están en condiciones de obtener posiciones en el gabinete y, por si fuera poco, cada vez gozan de menos respaldo ciudadano. Lo más grave es que, conforme el PRI extiende estos puentes para coaligarse con el PAN y algunos gobernadores del PRD, la principal oposición a su gobierno (PRD-PT-MC), estaría siendo marginada de las negociaciones o bien, se autoexcluye de las decisiones en el Legislativo como hasta ahora parece ser la dinámica.
Todavía se desconoce la capacidad de convocatoria del PRI ante los sectores de la sociedad civil organizada, los académicos e intelectuales y, en general, la población que no se siente representada por este partido y sus aliados.
El método disruptivo de AMLO. El ex candidato de las izquierdas, por su parte, como ocurrió en el 2006, podría rescatar algunos de los puntos que expuso en la Convención Nacional Democrática, los cuales tienen por objeto una nueva forma de gobierno:
La oferta parece orientada para que a través de la movilización y la presión social sea como se lleven a cabo los trabajos de un nuevo constituyente.
El problema es que hay indicios de que en los tres partidos que lo postularon, no habría voluntad para continuar luchando a su lado por esa transformación del país. hasta ahora ni un mandatario (Guerrero, Morelos, Tabasco y GDF) ha aceptado en abierto que impulsarían esos puntos. De los legisladores ni qué decir; cuestión de revisar todas y cada una de las declaraciones de los próximos legisladores izquierdistas: ninguno retoma estas ideas.
La intención de transformar la lucha electoral en un proyecto disruptivo de las instituciones sigue cobrando fracturas al liderazgo de López Obrador. Si bien su disputa ya no es por los votos, el respaldo popular ha disminuido y los aliados tienden a alejarse. Por si fuera poco, al desconocer el resultado, coloca a sus correligionarios con puestos de elección popular en una situación contradictoria: el poder contra el poder mismo.
En este caso y si quiere conservar algo de capital político, su promoción del nuevo constituyente deberá llevarla de la siguiente manera:
Para la reflexión
La transición democrática de México de 2000 nunca concluyó y ahora amenaza el PRI con la reinstauración del viejo régimen.
A diferencia de lo que ha pasado en otras naciones, no ha contado con una Reforma del Estado y la nueva Constitución correspondiente. De no llevarse a cabo, México corre el riesgo de estancarse en la transición y cerrar las posibilidades de superar esta etapa y adentrarse en una democracia consolidada. El segundo riesgo es que AMLO, y lo que quede de sus seguidores, se radicalicen a tal punto que en los próximos años se dediquen al boicot del gobierno, al usufructo de conflictos locales y el aprovechamiento de los errores de la próxima administración, mientras sus gobernadores y legisladores acuerdan en lo oscurito con el gobierno en turno. Es decir, otro sexenio de simulaciones y malas cuentas para la izquierda.
Pero aún es tiempo de que la inteligencia en las izquierdas se imponga y sepan conducir correctamente el capital político que obtuvieron del pasado proceso electoral. El país de los demanda.