Justo en el ocaso del afamado presidencialismo mexicano, que podemos situar a partir del fin del prácticamente monopolio ostensible de las instituciones del estado y “los estados” (en tanto característica del régimen federal que concede “soberanía” a las regiones del país denominadas como “estados”) por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encarnado en la autoridad omnisciente del Presidente de la República, bajo el contexto de la más pomposa, que real “alternancia en el poder”,  que significó el traspaso de la suprema magistratura a una figura carismática como Vicente Fox, por parte del presidente Ernesto Zedillo; México habría de revivir una de sus más nefastas heredades que muchos ciudadanos pensábamos ya muerta, como fue el resurgir de los líderes regionales descontrolados, al abrigo de la democracia con su sistema de elección universal y directa, que advinieron en “hombre fuertes” de sus regiones, coronándose “gobernadores” (máxima autoridad ejecutiva local)  volviendo a hacer uso de muchas prerrogativas que sumieron al México del s. XIX en una anarquía miserable, que costó invasiones extranjeras, quiebras de la hacienda pública, motines innumerables, alzadas militares, etc., un conjunto de ataques con la finalidad de extorsionar a la Unión.

Las extorsiones eran de muchos tipos, quizás una de las peores era la permanente amenaza de secesión: Yucatán; Zacatecas; Jalisco…, lo intentaron más una vez y hasta se ofrecieron voluntariamente, como en el caso yucateco, para ser admitidos en la Unión, pero Americana (un gesto de traición patética que pocos recuerdan); también fueron constantes realidades los levantamientos militares amparados por milicias locales mantenidas por los estados, para hacer contrapeso militar al ejército de la Unión, o simplemente no pagar ni un peso de impuestos a la Federación hasta matarla de hambre…, realidad inaudita y traicionera que protagonizaron varios de los estados, que en nombre de ella, y amparados en el principio de su soberanía, asumieron no contribuir a la hacienda pública, quedándose completamente con todos los recursos locales, que más beneficiaban a las elites provincianas que aspiraban a la gubernatura del estado, para así continuar con su inamovible estatus convenenciero que estaba muy lejana no sólo de la capital, sino de una auténtica convicción ideológica que los hiciera perseguir proyectos a largo plazo, cohesionando a una país al amparo de una idea de “nación”.

A.Knight, en torno a la idea de “nación”, anota: “El México decimonónico, dicen varios historiadores, era una nación solo de nombre, ya que la mayoría de los habitantes carecía de sentimientos nacionales y aun ignoraba que una nación existía” (La revolución cósmica. Utopías, regiones y resultados 1910-1940, p. 56). Si bien es cierto que A. Knight considera exagerado afirmar  la completa negación del sentido de “nación” en México, como aseguran Francoise-Xavier Guerra (Le Mexique: de l´Ancien Régime á la Révolution) o Fernando Escalante Gonzalbo (Ciudadanos Imaginarios), cree que la noción nacional entra constantemente en contradicción con los intereses locales que se vuelven más apremiantes para los nativos, que algo que tenga que ver con intereses generales, pero que ambos principios (“objetivos” y “subjetivos”) conviven en la conciencia de los mexicanos: entre la “regionalidad” y el “regionalismo”. Citando a su vez a E. van Young (Introduction: Are Regionsm Good og Think?), A. Knight  (op. cit., p. 55) establece una distinción entre “regionalidad” y “regionalismo”: “la “regionalidad” (regionality) y el “regionalismo” (regionalism). El primero es una categoría objetiva; el segundo se refiere a un sentimiento subjetivo que parte de los actores históricos (o actuales) –en palabras de van Young-, “la identificación (cultural, política y sentimental) que grandes grupos de gente adquieren a través del tiempo respecto de ciertos espacios geográficos”. 

Creo que ese sentido de “regionalismo” perdura aun y en medio de coyunturas que deberían obligar a los nativos a salir un poco de su soliloquio y anteponer el bien general por sobre el local (“regionalidad”): por ejemplo,  en la contemporaneidad, en el marco del conflicto sangriento entre cárteles, se sabe de gobernantes y líderes locales que han lucrado con el conflicto, y que al mismo tiempo que favorecen a un grupo criminal –haciendo uso de los muchos medios de gobierno-, saquean el tesoro público con el único afán de mantenerse cínicamente al frente de los destinos de su provincia (regionalismo), entorpeciendo el funcionamiento de las instituciones federales, a las que terminan por achacar sus propias incapacidades, como sus émulos decimonónicos hacían con total impunidad y descaro, sólo que ahora bajo el auspicio de campañas de desinformación espurias, e intereses partidistas de honestidad más que dudosa, y antes bien de “pureza” hipócrita.

Esa farsa originaria de un federalismo de pacotilla, convenencieramente utilizado por los estados, fue una enseñanza que el futuro aprendería hasta que la política de conexión efectivísima durante el porfiriato (si alguien sabía de los desastres de los estados era Porfirio Díaz, quién luchó contra el poder de las localidades, a pesar de estos), estableciéndose la autoridad presidencial por vez primera en la nación. La revolución mexicana (1910-1920) llevó ese proceso de centralidad a sus mayores logros, dando forma al México institucional moderno, haciendo del presidente de la república una figura clave para controlar esta propensión a la desobediencia y extorsión regionales, con la que nació un país que de otra manera jamás hubiera conocido paz. Centralizar el poder bajo las características propias de un “presidencialismo”, podemos afirmar que “a la mexicana”.

En el Presidencialismo en México,  Jorge Carpizo analiza pormenorizadamente las características de ese presidencialismo posrevolucionario,  contenido en el concepto de “facultades metaconstitucionales del presidente de la república”, que refiere al poder real del presidente en su cualidad de jefe efectivo del otrora partido hegemónico (el PRI), que le permite controlar la estructura del partido y sus estructuras afines, a su vez que gobierna el país con una serie de prerrogativas que aunque no estén formalizadas, devienen con su cargo: “el hecho de ser el jefe real del PRI, otorga al presidente una serie de facultades situadas más allá del marco constitucional, como son, tal y como ya lo hemos asentado, la designación de su sucesor, el nombramiento de los gobernadores, los senadores, de la mayoría de los diputados, de principales presidentes municipales; por ser el PRI un partido predominante y semioficial integrado por sectores, le da al presidente control sobre las principales organizaciones obreras, campesinas, profesionales y de diversa índole –populares, en la jerga del propio partido- que representan, cuando menos hasta ahora, las organizaciones más fuertes de México. (p. 191).

Las críticas, muchas veces descontextualizadas del desarrollo de las instituciones de un país con formidables complejidades, dan pie a los juicios fáciles –y en muchos casos, oportunistas e ignorantes-, olvidando soluciones que paradójicamente efectivizaron en su momento lo que parecía imposible. Las características del presidencialismo en México, y esas facultades que tanto el gobierno de Díaz, y luego el de los gobernantes posrevolucionarios del PRI, completaron a través de un arduo programa de fortalecimiento institucional centralizado, con programas de infraestructura agresivos, son el claro contraste frente a la profunda debilidad que gobiernos como los de Fox o Calderón, con el afán desmantelador del régimen, trataron de subsanar con increíbles emonumentos “metahacendarios” de los excedentes petroleros, canalizándolos a las tesorerías estatales…, debilitando mecanismos de control –que aprovecharon los gobernadores con sus camarillas para, además, endeudar más a sus estados y controlar el aparato burocrático local, pauperizando el combate a la pobreza, a la ignorancia y a la criminalidad -, sin ofrecer alternativas democráticas fuertes. Destruyeron sin construir nada nuevo, con inexperiencia e ignorancia formidables, provocando el traslado del poder a las localidades, regresándonos a lo peor del s. XIX y dando pie a esos criminales que sin control alguno, hoy aparecen en la nota roja con impudicia y obscenidad inaudita, contradictorias con las reglas de una democracia liberal que siempre debe aspirar al perfeccionamiento de sus instituciones, sin contradecir las libertades y el beneficio de sus muy diversos ciudadanos.