Columnas

La reelección inmediata sin fortaleza institucional y división de poderes plenos, devendrá en institucionalización de nuevos cacicazgos.

En el curso de un simposio en el Senado de la República, el ponente ponderaba el tema de la reelección inmediata en los puestos de elección popular. Me parece que era Diego Valadez, o uno con la personalidad académica y política del ex procurador. 

Era finales de los noventas, en el ánimo de la gente estaba fresca la versión soterrada de que el ex presidente Carlos Salinas había sondeado la posibilidad de modificar la Constitución para reelegirse. La herida supuraba. Había también otro dato impotente que flotaba en la mesa: por primera vez en siete décadas el PRI había perdido la mayoría en la Cámara. Así que los tiempos requerían de reformas de gran calado para darle sentido a la augurante democracia electoral mexicana.

El ponente ponderaba las virtudes de la reelección con los argumentos ahora manidos: profesionalizar e incentivar el buen desempeño de los gobernantes, y empoderar a los electores

De pronto, de entre los asistentes, y con actitudes bruscas, un joven largo y escuálido se levantó y pidió la palabra. Venía de un pueblo del estado de México, era militante priista y con anhelos de participar en los puestos de elección. Pero dijo, los canales en los partidos están cerrados a piedra y lodo. Nadie entra en los puestos que no sean ellos mismos. Con su propuesta de reelección, reclamó, las cosas empeoraran. La democracia de la que se habla aquí, en en la que unos suben y otros bajan en base al mérito, no será reforzada, se le ahuyentará.

En términos generales se refería a la concentración del poder que ejercen los partidos y sus cacicazgos. Hasta ahora la única manera de acceder a los cargos de elección popular es a través de los partidos políticos, y los partidos políticos –lo vemos todo los días– tienen dueño y ventajas sobre cualquiera de sus militantes. Son prototipo de negocio particular los del Verde y del Trabajo. 

Incluso en el primero los aspirantes debe reunir determinadas características “físicas”. Un indígena jamás podrá ser aspirante suyo; a diferencia de los aclamados “muchachos bonitos” que provienen de la tele. Los partidos son instituciones de interés público, que reciben cantidades millonarios de dinero. La fiscalización es laxa, porque termina sujeta a negociaciones políticas con el gobierno. Por lo demás, las candidaturas independientes no resultaron lo que prometieron.

Hay por ahí una sentencia atribuida a un premio Nobel, que dice que los políticos y los pañales deben cambiarse periódicamente por razones de salud pública. En el actual proceso electoral para renovar la Cámara de diputados, varios congresos locales y cientos de presidencias municipales, no habrá relevo generacional. Todo indica que seguirán los mismos. De los 500 diputados federales, 488 están en trámites para mantenerse por tres años más en el puesto. En los estados las cifras son de entre el 70 y 90 por ciento. No se observa el mismo ímpetu en los ayuntamientos, tal vez por pudor o porque los actuales gobernantes se saben tan despreciables que muchos que yo conozco ya están pensando en cambiarse de pueblo.

La reelección es un signo de vitalidad democrática. con un gran potencial ciudadano y de rendición de cuentas. Sólo que para su eficacia precisa de gobiernos con fortaleza institucional, con verdadera división de poderes, con un poder judicial independiente, con reglas claras de participación y acceso al poder político; pero nada de eso se respeta hoy en México, por lo menos no en este gobierno. El presidente López Obrador ha emprendido una extraña campaña contra los consejeros del INE que han osado solicitar a los gobernantes y funcionarios que cumplan la ley que juraron cumplir y hacer cumplir.

La eficacia plena del Estado de derecho en un régimen con reelección inmediata lo vimos y lo seguimos viendo en los Estados Unidos. Un presidente que llegó por la vía de las elecciones fue echado a patadas por esa misma fórmula. No se trató de cualquier presidente. Donald Trump fue el más poderoso del mundo. Pero como lo manifestó Nancy Pelosi, la legendaria legisladora demócrata, cunado firmó el juicio político por incitación a la violencia. “Nadie puede estar por encima de la ley; ni el presidente”.

En nuestro país las cosas se mueven con otros parámetros. Un buen gobernante, se dice en los pueblos, es el que se rodea con una caterva de pillos y logra burlar las leyes. Miguel de la Madrid, el ex presidente, ya enfermó, recibió en su cama a la periodista Carmen Aristegui. Allí le confesó que “el mayor obstáculo para gobernar es la ley”. los partidos políticos tienen un prototipo de aspirante que todos buscan. No se trata de prestigio ciudadano, de buena reputación, experiencia administrativa y política. No. Los más buscados son aquellos aspirantes con dinero. Porque con dinero se compra todo lo demás, incluso la asignación de la candidatura.

El escritor Carlos Alberto Montaner señala algunos inconvenientes de la reelección. Limita la participación a las nuevas generaciones; refuerza el caudillismo y reduce el papel de las instituciones; el caudillo no se rodea de expertos, se rodea de cortesanos y lacayos; se mercantiliza el poder político frente al económico y se incentiva la corrupción; se fosiliza el poder público y se relegan las reformas.

La reforma electora aprobada en el sexenio pasado, servirá, tengo la sospecha, para a) institucionalizar el cacicazgo de los partidos, sus dueños y familiares, y para ofrecer candidaturas al mejor postor; b) crear el precedente de que es mejor malo por conocido que bueno por conocer y seguir abriendo la puerta hasta que la reelección incluya los tres niveles de gobierno. Alcaldes, gobernadores y presidente de la República. Entonces sí, que Dios nos agarre confesados.