En la memoria histórica de nuestro país quedó gravada una lista de actos y capítulos peyorativos de una salvaje represión a los movimientos u expresiones estudiantiles que han levantado la voz para exigir la intervención institucional del Estado en relación a las mejoras en la calidad educativa, así como los mecanismos de una innovadora formación a través de la infraestructura que se adapte a las múltiples necesidades.

Si bien pensábamos que la exacerbación y la ignominia eran un recuerdo de aquella tragedia del 68, cuando las fuerzas militares irrumpieron en la Plaza de Las Tres Culturas, estábamos totalmente equivocados. La represión estudiantil recrudeció en el orden cronológico de nuestro desarrollo como sociedad; bastó para que los cuerpos que estrictamente están facultados a salvaguardar la tranquilidad y la seguridad, reprimieran a mansalva a jóvenes estudiantes a falta de una respuesta a las demandas que se apegan al marco constitucional —como son la formación de calidad y gratuita apegada a un derecho humano y democrático.

De hecho, existe aún el recuerdo trágico de Ayotzinapa. Vale la pena revivir ese acto porque quizá esa barrera no hubiera sobrepasado si la justicia hubiese actuado con rectitud y responsabilidad. En este sentido, se atropelló sinrazón alguna la vida de muchos jóvenes que tenían en sus manos un futuro prometedor como profesores rurales. Ese punto de inflexión ha sido totalmente canalizado por el nuevo proyecto de nación que encabeza el presidente López Obrador, que ha insistido tanto en poner el practica toda la ayuda posible a través de universidades, becas, programas sociales, infraestructura, entre otros aspectos importantes.

Y por si fuera poco prometió que, a partir de la cuarta transformación, jamás, al menos en su gestión, se repetiría un hecho tan lamentable. Sabemos que es un hombre de palabra que lo ha cumplido con rectitud, fiel a su estilo.

No obstante, desde los estados, el movimiento estudiantil comenzó atravesar por diferentes matices que han provocado ciertos desaciertos de la autoridad estatal, sobre todo cuando se trata de salvaguardar los derechos. Golpear, someter, y reprimir a cientos de estudiantes, como sucedió en Tiripetío, Michoacán, son acciones que nunca, pero nunca, se deben de repetir.

En el momento que observamos a miles de granaderos irrumpir con la fuerza y la capacidad del Estado, nos transportamos a las desgracias que hemos padecido como sociedad civil. Por nada del mundo un estudiante deber recibir un trato desigual, sobre todo, más allá de que exista una anomalía, el respeto debe imperar siempre. Asimismo, independientemente de que la protesta y la manifestación sean un mecanismo en el que la participación del colectivo estudiantil sea de forma activa, no les da ningún derecho a perpetrar imágenes tan violentas.

Pero la ignominia apareció cuando un camión de la policía Estatal de Michoacán irrumpió contra cientos de estudiantes de la normal de Tiripetío y arrolló a jóvenes sin importar las consecuencias. Las imágenes tuvieron gran impacto y atestiguaron la forma visceral con la que aún se atienden esas demandas sociales. Solo hubo heridos, afortunadamente, lo mismo un uso de la fuerza excesivo.

Por ello, ante todo, exigimos el respeto a los estudiantes de Michoacán por parte de la autoridad local competente. ¡Ya basta! La prudencia y la conciencia deben imperar en un Estado donde la problemática educativa se ha agudizado a un grado mayúsculo. El enorme hueco nos ha llevado a los últimos lugares de aprovechamiento, siempre y sencillamente porque la educación no ha merecido la atención que requiere.

Javier Lozano, Licenciado en Pedagogía y Maestro en Competencias pedagógicas por la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Durante 7 años trabajé en educación media superior y superior en. Actualmente, colaboro en los medios nacionales de SDPnoticias y Sinlinea en temas de interés político.