Existe el periodismo militante y reconocer su ejercicio es lo más honesto ante las y los lectores que brindan la confianza a cualquier medio. El asunto es que ocultar las filias y fobias tras el “periodismo de investigación” no sólo viola el derecho a la verdad e información de las audiencias, sino que además, es un golpe cínico contra las democracias que hacen de la libertad de expresión un derecho fundamental tutelado por encima de todos los demás derechos. Ahí está el asunto de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, organización de la sociedad civil financiada por el empresario Claudio X. González, que curiosamente, hace “periodismo de investigación” desde la militancia anti transformación y el golpismo hacia los mega proyectos para el desarrollo del país.

El problema no está en que una persona u organización -que no es periódico ni parece regirse por los principios rigurosos del periodismo que obligan a verificar la información antes de publicarla- milite en una postura política anti sistema. El problema está en que no lo diga y que utilice conceptos como “periodismo de investigación” para bombardear con fobias y falsedades a las audiencias, como es el caso de la nota titulada “TEQUILA, WHISKY, BRANDY, CALLOS DE HACHA, RIB EYE, T-BONE… EL MENÚ CON QUE SE DESPACHA FONATUR TREN MAYA”, misma que fue retirada ante la incapacidad de MCCI para sostener aquellas afirmaciones.

El periodismo de investigación no es el problema y definitivamente ha dado a nuestro país herramientas valiosas para desenmascarar desvíos y hacer valer el derecho a la información pública y la verdad. Investigaciones de periodistas como Nayeli Roldán, con la Estafa Maestra, han logrado un impacto legal constituyéndose como prueba dentro de los casos más paradigmáticos sobre corrupción. El asunto es que este martes, se publicó un texto que supuestamente daba cuenta de varias compras de vinos y licores, de productos cárnicos y mariscos, así como de la contratación de una consultoría por 44 millones de pesos por parte de Fonatur para el proyecto de Tren Maya.

Según Salvador Camarena, jefe de la Unidad de Periodismo de MCCI y un respetable comunicador al que, de plano, le tocó salir a cubrir a sus Jefes publicó: “Por un error de procedimiento solo atribuible a mí, jefe de la unidad de periodismo de MCCI, no se tomó a priori la versión de Fonatur Tren Maya. Posterior a la publicación, y luego de hablar con voceros de la dependencia, resulta claro que a nuestra información le faltó el debido contexto. Por ello, procedimos a retirarlo. Ofrezco una disculpa a los lectores y a los aludidos en la nota, y en el sitio quedará, junto a estas líneas, la carta que Fonatur envió a MCCI al respecto.”

Resulta que el equipo de MCCI pasó por alto que Fonatur lleva más de 30 años proveyendo servicios de restaurante y bar en los diversos hoteles que maneja, de forma totalmente legal y transparente.

Así fue como aclararon una operación estrictamente jurídica de la que, probablemente, derivó la confusión de los “investigadores”, pues el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) así como sus filiales. Fonatur-Tren Maya S.A. de C.V., filial de FONATUR, existe desde que Fonatur Operadora Portuaria decidió llevar a cabo un cambio de nombre a Fonatur-Tren Maya S.A. de C.V. ante la Notaría Pública 227 de la Ciudad de México.

Mediante un comunicado explicaron que desde el año de 1992, Fonatur Operadora Portuaria S.A. de C.V. provee servicios de restaurante y bar en los diversos hoteles que administra en el municipio de Loreto, para lo que procuran la compra de insumos requeridos en restaurantes y bares que administra. Uno de ellos, el señalado “Hotel Desert Inn” San Ignacio, que tal como afirma Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, adquirió alimentos y bebidas para dar servicio a sus más de 15 mil huéspedes anuales.

 

FONATUR Tren Maya aclaró que ese hotel genera ingresos por más de 3 millones de pesos al año que bien justifican la adquisición de pollo, carnes, bebidas, entre otros productos y extendieron una invitación a la ciudadanía a hospedarse en este hotel ubicado en Baja California Sur.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad omitió el pequeño detalle de recabar la información de la fuente oficial, cayendo en una propagación de información falsa que parecería inocente si no fuese por el contexto doloso contra el proyecto del Tren Maya y el antecedente de ataques en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Contexto que saca de la objetividad a la plataforma no periodística, y la coloca dentro de una cuestionable postura ante las audiencias, pues pareciera inminente la falta de rigor en sus prácticas.

Respecto de la consultoría contratada, FONATUR Tren Maya explicó que se trata de asesoría jurídica adjudicado de manera directa a Woodhouse Lorente Ludlow S.C., información que se hizo pública hace aproximadamente un año y que tiene objeto lograr los trabajos de estructuración financiera y legal para cumplir con la ejecución del Tren Maya, cuyo monto del contrato representa el 0.13% (cero punto trece por ciento) del monto total a ejercer para todo el proyecto del Tren durante el año 2020.

El tema parecería un error menor si no fuese porque la Asociación autora del artículo tiene como financiamiento principal al abogado Claudio X. González Guajardo, cofundador de Mexicanos Primero y Bécalos, así como uno de los empresarios más ricos del país. X. González preside el Consejo de Administración de Kimberly Clark de México y el Consejo Mexicano de Negocios, organismo excluyente de mujeres que antes era el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Se trata de un personaje que se confrontó abierta y directamente con el entonces candidato presidencial y hoy Presidente, López Obrador. El periodismo militante de esta organización ha incursionado también en una suerte de “activismo” que no atiende víctimas ni personas, sino que se dedica a promover amparos para obstaculizar la ejecución de proyectos clave para generar empleos, tal como sucedió con el colectivo #NoMásDerroches, caracterizado por promover amparos en contra de las obras de Santa Lucía. ¿Y los derechos de las audiencias a conocer información verídica, no manipulada y objetiva?

Urge legislar.