Opinión

Informe “Pejelicano”

Si lo que pasa en México fuera una película hollywoodense, pensaríamos en un guión sobre espionaje gubernamental, digno del Tercer Reich.
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Por Manuel DíazApril 19, 2021 at 4:19 am CDT

La 4T y el espionaje de película 

El tema del espionaje y cómo el gobierno de AMLO podría estar favoreciendo el control de las comunicaciones y del espectro cibernético del país como herramienta de control político, ha desatado toda una polémica.

Si consideramos el interés con el que se desarrolló la iniciativa por la que todos los usuarios de telefonía celular deberán proporcionar datos biométricos; que uno de los personajes que mejor sabe acerca del espionaje y la represión del régimen priista, Manuel Bartlett sea quien dirige la CFE y, hasta la visita de Carlos Slim al rancho La Chingada este fin de semana, podríamos suponer que el espionaje gubernamental crece, es más, podría tener tintes cinematográficos como la trama de la película “El Informe Pelicano”, protagonizada por Julia Roberts y Denzel Washington.

En esta cinta, una estudiante de derecho hace una investigación sobre el asesinato de dos jueces que se oponían al desarrollo de empresas altamente contaminantes propiedad del principal donante de la campaña del presidente, las cuales funcionaban ilegalmente con la protección del gobierno. En el desenlace la historia es publicada en el Washington Post y el presidente cae por corrupto y asesino.

Si lo que pasa en México fuera una película hollywoodense, pensaríamos en un guión sobre espionaje gubernamental, digno del Tercer Reich y la Gestapo, de la lista de Stalin o de las brigadas comunitarias cubanas y venezolanas que servían a sus gobiernos autoritarios para el control de los grupos opositores o “adversarios” políticos.

La Reforma Energética

AMLO siempre ha cuestionado la reforma energética del presidente Peña y, sobre la CFE ha comentado una y veinte veces: “la reforma energética tuvo a bien convertir a la gran empresa del Estado en una pedacería, dividió su parque de generación, las generadoras, las que eran una sola estructura, las dividió en seis empresas productivas del Estado y les dio autonomía”.

Sin embargo, el compañero presidente contribuyó para hacer una empresa adicional a la CFE, una que no tiene que ver con el tema de energía eléctrica ni en generación, almacenaje o distribución.

En julio del 2019, AMLO anunció la creación de “CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos” con una inversión de 550 millones de dólares. El objetivo, prestar y proveer servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de banda ancha e internet.

En su mañanera del 19 de julio del 2020, AMLO dio los pormenores: “Se va a utilizar toda la infraestructura de la CFE, todas las líneas, se cuenta con líneas y fibra óptica para comunicar con internet al país… además, la red se utilizará para el funcionamiento del Banco del Bienestar, mediante el cual se harán llegar los programas sociales de manera directa a los beneficiarios”.

Para alcanzar este propósito AMLO necesita un socio que controle toda la fibra óptica en el país ¿quién mejor que el empresario consentido de esta administración y ex mafia del poder? El ingeniero Carlos Slim.

El amarre se dio apenas el pasado mes de febrero cuando AMLO se reunió con Bernardo Sepúlveda y Salvador Álvarez, presidente del consejo y director general de Altán Redes, respectivamente; con directivos de ATT, entre ellos, la hija del secretario de Hacienda de Salinas de Gortari, Mónica Aspe Bernal; con Camilo Aya Caro de Movistar y con Daniel Hajj Aboumrad y Carlos Slim Domit de América Móvil (Telcel).

América Móvil es el mayor proveedor de internet y telefonía móvil en el país. Al cierre del cuarto trimestre de 2019, el número de líneas de servicio móvil de acceso a internet superó los 97 millones, de los cuales alrededor del 70% son operadas por la empresa de Carlos Slim.

Otro elemento sustantivo para que el gobierno logre el control sobre la información personal y de comunicaciones, es la aprobación por parte del Senado de la República de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones la cual ordena la creación del Registro de Usuarios de telefonía móvil, cuyo objetivo anunciado, al menos así se ha justificado, es disminuir la extorsión telefónica y otras actividades delictivas que se llevan a cabo a través de esos medios.

Con esto el gobierno obtendrá la información completa de cada usuario de un celular y de quien navegue por la red de internet y en el caso de que se vulnere la seguridad, no sólo se comprometerá algún aspecto de la vida privada de las personas, sino que se comprometerá su identidad.

En un excelente artículo publicado en El Economista, el especialista Guillermo A. Tenorio Cueto afirma que esta medida de control se ha implementado solamente en regímenes autoritarios o totalitarios como Afganistán, Pakistán, Tailandia o Venezuela y que, en México, la captación, uso, almacenamiento y difusión del Estado sobre estos datos, alimenta una vez más la percepción de un sistema político que camina aceleradamente hacia el totalitarismo.

Sin duda vendrán juicios de amparo y probablemente acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, como ya se puede apreciar con la reforma al Poder Judicial y el control del Poder Ejecutivo, lo más seguro es que la Corte avale este procedimiento.

CFE - Slim y el espionaje

En otras palabras, todo el tráfico de internet y telefonía, las páginas que consultes o con quién hables, llegará a manos del gobierno a través de la compañía propiedad de quien en su momento fue considerado el mayor prestanombres de Salinas, Carlos Slim.

La concentración de toda esa información se hará a través de la CFE bajo el control de Manuel Bartlett, el mismo que llevó a Salinas a la presidencia y que validó el fraude electoral de 1988 y así, cuando quieran castigar a un personaje “incomodo”, simplemente recurrirán a los datos biométricos para ir tras él.

La trama da para un guion cinematográfico con más enredos que la del Informe Pelicano, pero, lo que resulta muy preocupante, es el nivel de control al que aspira la 4T, con el “Informe Pejelagarto”.