Para muchos 2019 es un año económicamente perdido y aunque prevalece el deseo de que 2020 traiga alguna mejoría, para lograrlo se requiere inversión productiva, certidumbre y seguridad.

Esos temas no se perciben con claridad ni fortaleza en el presupuesto que todavía se discute en el Congreso; lo que se advierte son recortes presupuestales.

México inició el presente año con un crecimiento modesto, pero estable que, con el paso de los meses y la incorporación de alocadas medidas de gobierno desaceleraron la economía hasta llevarla al estancamiento.

Antes de tomar posesión, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un duro golpe a la certidumbre económica al cancelar las obras del aeropuerto en Texcoco que representaba unos 13 mil millones de dólares y cientos de miles de empleos directos e indirectos mientras las tasas de interés se mantuvieron algunos meses entre las más elevadas del continente, hasta que se alinearon con las de la Reserva Federal estadounidense para satisfacer las presiones internas y externas.

Ya en pleno ejercicio del gobierno, los anuncios de inversión pública que en muchos casos han significado cambio de reglas, especialmente en materia energética, en términos generales no han alcanzado la respuesta deseada de los inversionistas privados que contrajeron todavía más el flujo del capital.

Con ello, la política de austeridad republicana reorientó el gasto federal disponible para satisfacer el subsidio de los programas asistenciales de beneficio social.

La prudencia presupuestal del programa económico para 2019 aprobado por el Congreso no ha rendido los frutos deseados pese a que se ofrecieron estímulos fiscales para atraer capital nuevo, pero esas promesas no se cumplieron; si se autorizó que los fondos de pensiones diversificaran sus inversiones.

El tema energético ha sido crucial para un país que sostiene parte de su prestigio internacional y sus ingresos en el grado de inversión de Petróleos Mexicanos, cuya deuda externa e interna resulta extraordinariamente gravosa para las finanzas del país. Además, se ha considerado inviable el plan de negocios presentado por el gobierno para colocar nuevamente a esta empresa como puntal del país.

Como muestra de la ineficacia del plan de rescate y pese al voto de confianza, entre julio-septiembre la paraestatal acumuló pérdidas por 176 mil 367 millones de pesos, lo que resulta 7 veces más elevado respecto de lo observado en el mismo lapso de 2018.

A la incertidumbre derivada de las señales contradictorias del gobierno en materia económica, pero también política y la insatisfacción de las de beneficio social, la inseguridad crece exponencialmente en todo el país.

En materia de negocios, México perdió una oportunidad de oro este año.

Porque aun cuando es el país mejor clasificado de la región, en el puesto 60 y por encima de Chile, Argentina o Brasil, según el informe “Doing Bussines” que anualmente elabora el Banco Mundial (BM), por segundo año consecutivo el gobierno federal no introdujo ninguna mejora importante para desarrollar nuevos negocios, lo que impidió avanzar en materia de empleo y consumo.

A causa de los desperfectos económicos, el Banco de México se ha visto obligado a reforzar la astringencia en su política monetaria mediante diferentes maniobras que, si bien defienden el poder de compra del peso, mantiene la estabilidad cambiaria y se ofrecen señales de control inflacionario, también tienen que actuar por el lado de las tasas de interés para evitar o desestimular la salida de capitales.

Frente a los juegos políticos del Congreso para satisfacer todas las ofertas presidenciales en materia social, sin recursos suficientes ni voluntad para llevar a cabo una reforma fiscal capaz de conciliar las necesidades con las posibilidades económicas reales del país, la incertidumbre económica crece en un horizonte oscurecido por la inseguridad.

Lo que queda claro es que, en este panorama, dependerá de la política monetaria (que se puede anticipar todavía más restrictiva, si eso es posible) el crecimiento económico será más restrictivo, lo que no es ningún aliciente porque actualmente es de tasa cero.

El futuro nacional, determinado por el voluntarismo político, anhela que la mayoría legislativa acuda a la racionalidad presupuestal por el bien de todos.