ASF detectó desfalco e irregularidades en instituciones 

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) ha vuelto a ocupar los titulares de los principales medios de comunicación. Este órgano – el lector recordará- está adscrito a la Cámara de Diputados, lo que le brinda independencia en relación con la administración pública federal. Así como en San Lázaro se discute y aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación, la propia Cámara Baja es responsable de la vigilancia y seguimiento de la utilización de los recursos.

Según ha trascendido, la ASF detectó un posible daño patrimonial de 72 millones de pesos en la construcción de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, tramo inaugurado durante la gestión de Marcelo Ebrard al frente del gobierno de la capital. Las irregularidades podrían responder a actos de corrupción, o simplemente, por negligencia en la selección de materiales para su construcción.

Sin embargo, y sin el ánimo de restar importancia al asunto del Metro, lo que más ha sacudido a las opinión pública nacional ha sido la revelación de la Auditoria Superior de la Federación, en torno a los costos incurridos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Según cifras del propio organismo, publicada en la Cuenta Pública 2019, la polémica decisión del presidente López Obrador costó 331 mil 996 millones de pesos, lo que representa un ascenso de más del doscientos por cien de las cifras inicialmente estimadas. Ello derivó, en gran medida, de la inversión realizada no recuperable, y de la terminación anticipada de los contratos signados; lo anterior añadido al daño público sufrido por nuestro país como un destino poco confiable para la inversión.

¿Qué debe responder Andrés Manuel López Obrador y su gobierno sobre este desfalque a la hacienda pública? A raíz de una decisión tomada bajo el paraguas de argumentos ideológicos, y por tanto carentes de un análisis concienzudo basado en evidencia, los contribuyentes mexicanos deberemos perderemos una ingente cantidad de recursos que bien podrían haber sido destinados a atender las enormes necesidades de nuestro país, tales como educación, y, desde luego, a la compra de vacunas y a la habilitación de hospitales para los enfermos de covid-19.

Existe un refrán mexicano que reza como sigue: “En medio de la oscuridad, no debemos encender un billete de 500 pesos para iluminar el espacio y buscar el de 20 pesos que hemos perdido y que queremos recuperar”. Esto es justamente lo que hizo AMLO y su gobierno con la cancelación del proyecto más importante heredado de Enrique Peña Nieto.

En suma, AMLO deberá rendir cuentas sobre este daño inmenso a la hacienda pública, y sobre todo, a todos los mexicanos que contribuyen para mantener a flote a un país plagado de dificultades, y que exige buenas políticas públicas para combatir grandes males como la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y la crisis sanitaria que nos azota. 

Nos esperan las urnas el próximo junio.