Los ejercicios de planeación prospectiva alrededor del mundo se han gestado como herramientas suficientemente útiles para determinar escenarios deseables, objetivos, metas, estrategias, acciones, programas y políticas que abonen a la consecución del paradigma del desarrollo en cada país. No extraña, entonces, que también tengan impacto en la construcción de agendas internacionales y de acción multilateral.
Uno de los ejemplos más claros es la Declaración del Milenio que contenía los objetivos de desarrollo, que fue firmada por 189 naciones en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en el año 2000. Actualmente, los retos a los que la comunidad internacional y la humanidad en general se enfrenta, son más diversos y complejos, por lo que dicha transformación ha dado lugar a -otro ejemplo claro de planeación prospectiva- la Agenda de Desarrollo Sostenible, conocida como Agenda 2030, y firmada en el año 2015.
Dicho documento manifiesta el compromiso de los firmantes, para el cumplimiento de 17 objetivos para el desarrollo sostenible (ODS): fin a la pobreza; hambre cero; salud y bienestar; educación de calidad; igualdad de género; agua limpia y saneamiento; energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumo responsables; acción por el agua; vida submarina; vida de ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas.
Esta declaración de problemas de atención prioritaria en los países se ve reflejada, en el caso de México, por medio de herramientas propias de planeación como el Plan Nacional de Desarrollo (PND), documento directriz del funcionamiento del gobierno y eje sobre el que se diseñan los programas sectoriales e institucionales del gobierno federal y que permea en el proceso de toma de decisiones en los gobiernos locales; el PND es, más allá del cumplimiento de lo señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la expresión programática del proyecto de nación, de ahí que su relevancia sea innegable y se exija la incorporación a este documento de objetivos y metas relacionadas con la garantía de derechos ofrecida desde el Estado.
Por esta razón, resulta fundamental que el Plan considere la Agenda de Desarrollo sostenible como un compromiso indeclinable. En la coyuntura, los objetivos 5 y 16 referidos a Igualdad de Género y Paz, Justicia e Instituciones sólidas, respectivamente, deben fungir como marcos de referencia puntuales para su utilización como herramienta de política pública, por medio del cual se fijen estrategias adecuadas al caso de México.
Este razonamiento estará manifestado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, bajo la consideración de la igualdad de género como un eje transversal a los ejes generales, que serán: Justicia y Estado de Derecho, Bienestar, y Desarrollo Económico.
Bajo este orden de ideas, la Agenda 2030 identifica la igualdad de género no solo como un derecho fundamental, sino como la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Por ello, la meta 5.2 es “eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos privado y público, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”. No obstante, el logro de este objetivo está directamente vinculado a la meta 16.1 del objetivo 16 de los ODS referida a “reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo”.
Todo este entramado, confeccionado por los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, debe ser considerado, reitero, como una herramienta de política pública que marca la directriz hacia las temáticas que para el desarrollo resultan indispensables ante la acción de gobierno, entendido bajo el nuevo paradigma de la gobernanza, de la corresponsabilidad y la participación ciudadana.
El reto para lograr la igualdad de género es mayúsculo, se requiere de analizar el actual diseño institucional que dirige el tema, además de la implementación de políticas y programas que abonen a este cometido. También se requiere dar mayor solidez a las instituciones dedicadas al tema de igualdad de género, procuración de justicia, combate a la violencia y discriminación, por mencionar algunas y, obviamente, velar por la presencia de la perspectiva de género en la formulación de la totalidad de políticas públicas.
Acorde a la gran transformación de la vida pública del país, el cumplimiento y consideración de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible para la elaboración de políticas públicas en favor de la igualdad de género, no puede ni debe dejarse de lado.
