El sexo es la parte más interesante del ser humano, pero el apetito sexual llevó a la humanidad en un sistema económico voraz, a saciar a todo tipo de mercado. Aunque no esté regulado como tal, ha provocado que el tráfico de mujeres o niños se dé para deleitar a ricos y a pobres. Solo tecleas en Google Cabo sex guide y un millón de opciones aparecen en la pantalla de tu lap top. Nuestra doble moral no ayuda mucho para evitar esto: un asunto de respeto a los derechos humanos.
La federación puso, en una acción real de trabajo o en una simple oportunidad para el golpe mediático al enemigo político, que la trata de personas es una realidad paralela en BCS.
El operativo de la PGR que desarticuló una banda dedicada a explotar sexualmente a mujeres en Los Cabos y, días después, el arresto de un agente de la Policía Municipal de La Paz acusado de liderar otra banda de prostitución, expuso una de esas verdades incómodas que hay en Baja California Sur: turismo sexual.
Ahí está frente a nosotros y, la verdad, nadie quiere interponerse con una de las industrias más jugosas y, quizá, con más demanda en el planeta.
El gobernador Carlos Mendoza Davis declaró sobre el tema; por supuesto, rechazó tal señalamiento: “Los Cabos no se ve como un destino de turismo sexual en el mundo, ni con mucho es la constante”.
En cambio, Arturo de la Rosa Escalante, alcalde de Los Cabos, no emitió opinión al respecto. Es más, decidió continuar con las Fiestas de San José del Cabo como si nada; hasta contrató un grupo de tweetstars para una mejor difusión del evento, pero de turismo sexual ni una palabra. Cero. No hasta ahora.
El anterior presidente municipal de Los Cabos, el perredista Antonio Agúndez Montaño, durante su gestión habló poco sobre el asunto, sólo admitió en una ocasión que la PGR investigaba un caso por prostitución infantil. Lo que no sabía el menor de los Agúndez, es que la industria porno en ese momento grababa en algún punto de la ciudad, y ofrecía dinero a quien deseara entrar al controvertido mundo del sexo.
Y, bueno, Armando Martínez Vega, al hablar del caso de la violación de siete menores por parte de dos jóvenes en un albergue de Los Cabos, aseguró no existen denuncias de explotación o abuso sexual en los albergues rurales del municipio de La Paz. Señaló también que “no tenía ningún indicio” sobre trata de personas en la capital. Varias horas después de lo que dijo, cayó el policía municipal.
Lo que es cierto es que, aunque las autoridades estatales no reconozcan la problemática, la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en su “Diagnóstico nacional sobre la situación de la trata de personas en México” de 2013 incluyó a Los Cabos entre los aproximadamente 20 principales zonas en México dedicadas a la trata de personas.
El 15 de octubre de 2015, la PGR capturó en La Paz a un hombre por almacenar fotografías y videograbaciones con contenidos de actos sexuales y exhibicionismo corporal, en los que participan personas menores de dieciocho años de edad.
No podemos olvidar que en la capital de BCS, una niña de 8 años de nombre Lisset Soto Salinas desapareció el 14 de octubre de 2010. Se esfumó. Se presume que una camioneta verde la levantó. Y hasta la fecha no ha sido encontrada. Claro, esto no sorprende cuando en México, según datos de CNN, el 92% de los crímenes y delitos de toda índole no se resuelven.
Entonces, ¿de qué proporciones es el problema de la trata de personas?
¿Es una actividad de origen, destino o tránsito?