El Gobierno de Jalisco vive uno de sus peores momentos en lo que a comunicación se refiere. Tan solo en los últimos días se ha visto involucrado en un par de crisis que lo dejaron tambaleando y con al menos una demanda por la que el gobernador Enrique Alfaro tendrá que visitar los juzgados. Por este caso, su gobierno ha tenido que cargar con una imagen de tramposo a nivel nacional, y por otro lado, ha quedado ante sus gobernados como ineficiente, lento, y negligente. Todo ello tan solo en la última semana

Los principales municipios de la zona metropolitana tutelados por alcaldes emanados del Partido Movimiento Ciudadano, y el propio Gobierno del Estado han puesto en manos de una misma empresa, Indatcom, todo lo relacionado con sus procesos de comunicación manejando desde sus redes sociales, internet, conferencias de prensa, y estrategias de campaña, entre otros. Detrás de Indatcom está el estratega en comunicación Rafael Valenzuela Cardona, -amigo de Alfaro desde la época estudiantil-, es quien la controla a través de una holding, que también incluye al menos otras dos empresas Eu Zen y La Covacha. Estas empresas se desempeñan desde 2010 en el entorno de Alfaro Ramìrez gozando de contratos millonarios sin siquiera participar en procesos de licitación.

En la crisis de los últimos días en el Gobierno de Alfaro, Indatcom jugó un papel preponderante al incurrir en un error garrafal que le costó la rescisión de un contrato por 7 millones 800 mil pesos con el municipio de Zapopan, y a la administración jalisciense un enorme descrédito a nivel nacional.  

Lo ocurrido en este caso traspasó el ámbito local al involucrar al candidato a la gubernatura de Puebla por la alianza PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), Enrique Cárdenas Sánchez, cuando la noche del lunes 6 de mayo en el Facebook del gobierno de Zapopan, se publicó una imagen en apoyo a una convocatoria proselitista del principal adversario del aspirante de Morena, Miguel Barbosa. 

El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, admitió el error y anunció el rompimiento de la relación laboral con la empresa Indatcom, que desde 2016 gestionaba las redes sociales del Municipio y a la que tan solo en 2018 le pagó 5.8 millones por el manejo de sus redes y para este año tenía previsto un contrato anual por 7.8 millones de pesos. 

Se dijo que se trató de un supuesto error de cuentas por parte de Indatcom, ya que la empresa también fue contratada por MC nacional para llevar la campaña política del candidato poblano. 

Sea como fuere, el golpe fue bien colocado y provocó el efecto deseado, sobre todo tomando en cuenta que solo unos días antes el candidato de Morena había acusado al Gobierno de Jalisco de tener metidas las manos en el proceso de Puebla. 

Con lo que consideraron una prueba irrefutable,  el equipo de campaña del candidato de Morena-PT-PVEM, acudió ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a presentar una denuncia contra el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez; Pablo Lemus Navarro, alcalde de Zapopan, y Enrique Cárdenas Sánchez, candidato por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

En el mismo sentido procedió el regidor por Morena en Zapopan, Hiram Torres Salcedo, quien se hizo acompañar de un grupo de ediles para acudir a la Fiscalía del Estado y presentar una denuncia contra quien resulte responsable de posibles delitos electorales o desvíos de recursos públicos municipales a campañas políticas.

La administración de Jalisco, mientras tanto negó meter las manos en el proceso electoral; a través de un comunicado calificó de “infundadas” y sin sustento, las denuncias presentadas por el equipo del candidato de Morena en Puebla, y rechazó haber  erogado recurso alguno para el proceso electoral en ese estado. 

Alfaro Ramírez, advirtió que “no caerá en provocaciones” y pidió al equipo de Barbosa “que no use al gobierno de Jalisco para hacer campaña”.

El alcalde de Zapopan cargó con una de las peores partes, pues además de la denuncia en su contra, quedó como “traidor” a los ojos de al menos, el secretario general del comité nacional del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien después de leer los tuits en los que Lemus daba a conocer la pifia de Indatcom y la suspensión del contrato, le recriminó:

“Tan ‘grave’ que no hay una sola nota del tema ni reclamos generalizados y la mayoría se enteró hasta que lo informas, Pablo” / “Quienes describes como ‘empresa’ son, en realidad, una comunidad que ha sido fundamental en nuestro crecimiento” / “Errores cometemos todos, aquí ya hubo 2”.

Y es que, no se descarta “fuego amigo” por parte de Lemus Navarro, quien estaría interesado en llegar a la gubernatura de Jalisco en 2024. 

Lo cierto es que Indatcom, cayó en otro error garrafal, pues cómo se recordará, es la misma empresa que en 2016 puso a disposición de Amazon 87 millones de nombres y direcciones de mexicanos al filtrar el padrón electoral, que fue descubierto en la nube por el investigador informático estadunidense Chris Vickery, quien dijo que no le había costado mayor trabajo desencriptar la información, pues a la empresa se le había olvidado poner claves de acceso cuando la subió a Amazon.

El más reciente error de comunicación del Gobierno de Jalisco quedó registrado este lunes 13 cuando cientos de miles de familias zapopanas enviaron a sus hijos a las escuelas para minutos más tarde tener que regresar por ellos ante la suspensión de clases a causa de la contaminación ambiental que derivó del incendió iniciado el domingo en El Bosque de La Primavera. 

Ocurre que la determinación de frenar las clases, se decidió cuando ya la mayoría del alumnado se encontraba en los diferentes centros educativos, siendo que perfectamente se conoció la dimensión y los alcances del incendio con muchas horas de anticipación. Fue hasta casi las 8:00 horas del lunes que el Secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, anunció la suspensión de actividades y posteriormente se subió un comunicado a redes sociales para finalmente hacerlo llegar a los directivos de las escuelas que fueron los últimos en enterarse. Primero se anunció que se detendrían las clases solo en el turno matutino y más tarde hubo de informar que también en el vespertino. En total mil 896 escuelas sin clases; cerca de 15 mil 172 docentes dejaron de laborar y 320 mil alumnas y alumnos fueron regresados a sus hogares, con las implicaciones que ello generó. 

Todo ello generó serios conflictos a los padres de familia que se vieron obligados a regresar por sus hijos (en el mejor de los casos), otros, los que ya se encontraban en sus centros de trabajo tuvieron que solicitar permisos especiales para ausentarse e ir a recoger a sus vástagos. El tráfico colapsó en no pocas zonas de la ciudad, pero eso fue lo menos, algunos se reincorporaron a sus trabajos con la compañía de los menores y otros recurrieron a las abuelas y a los vecinos para dejarlos encargados ante la eventualidad de la situación. Lo peor fue el evidente riesgo en que se colocó a los estudiantes quienes padecieron tos, ojos llorosos y aspiraron el olor a quemado en las aulas educativas. 

Miles de padres de familia reprocharon la falta de determinación, la negligencia, la deficiencia en la comunicación y sobre todo la falta de sensibilidad del gobierno para no intuir que la vida de las familias gira en torno a las escuelas de los hijos y al trabajo de los padres de familia.