Grandes inquietudes se despertaron en todo el país al hacerse noticia que el lapso de la gubernatura de Baja California había sido ampliada por la legislatura local, sin respetar la decisión del colectivo ciudadano que acudió a votar por un lapso establecido y no por otro, con dicha actitud se vulneraron los principios de certeza jurídica y de soberanía popular reconocidos en el derecho electoral y el constitucional, y es que las entidades federativas si bien, pueden alterar su derecho interno, también es cierto que están imposibilitadas a legislar si los cambios que pretenden realizar producen alteraciones al régimen federal.
En este contexto, el problema no sólo es local, sino también federal porque transgrede disposiciones de derecho público que son la base de los principios liberales y de los Estados modernos.
El 10 de julio del año 2014 la vigésima primera legislatura de la entidad de Baja California emitió el decreto 112, en el cual reconoció dos ideas sobre la forma de gobierno de su estado; la primera, contenida en el artículo 44 de la Constitución Bajacaliforniana mediante el cual se reconocía que la duración del gobierno de la entidad debía ser de 6 años, iniciando el respectivo lapso el primero de septiembre posterior a la elección correspondiente; la segunda; consistía en que, no obstante lo anterior, el artículo 8 transitorio de ese mismo decreto expresó una salvedad mencionando que para efectos de conformar un ahorro en gasto y en eficiencia así como de generar la concurrencia de la elección del gobernador con el proceso electoral federal, el tiempo de la gubernatura en Baja California sería de apenas dos años, iniciando el primero de Noviembre del 2019 y concluyendo el 31 de Octubre del 2021.
En este sentido, desde el año 2014 se establecieron las reglas del juego de la gubernatura que entraría en funciones en el 2019; sin embargo, la legislatura actual, la vigésimo segunda de Baja California, el 8 de Julio de 2019 consideró conveniente ampliar ese lapso una vez realizada la elección y con los resultados ya emitidos.
Con este cambio, la actual legislatura de Baja California lanza un “pulso” a la federación, porque la reforma en cuestión es contraria en muchos aspectos a los principios contenidos en los artículos 40, 41, 128 y 105 de la Constitución Federal, en el sentido de que contraviene el pacto federal; la obligación de concordancia de todas las disposiciones normativas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la promesa de los legisladores locales y el gobernador al momento de rendir protesta, para hacer guardar la Constitución referida y las leyes que de ella emanen; así como para emitir leyes electorales federal y locales a más tardar noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el cual no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
En este contexto, hay flagrantes manifestaciones de alteración al orden constitucional federal, por lo cual los poderes de la unión deben de posicionarse fuerte y claro contra estas expresiones autoritaristas y tendientes a la anarquía legal.
Cabe destacar que, si bien el Poder Judicial es el encargado de restaurar el orden en un ámbito jurisdiccional, éste sólo podrá hacerlo hasta que haya sido previamente incitada por los órganos facultados para ello. Por su parte, el Legislativo a través de un pronunciamiento que emitió la Comisión Permanente en sesión del día 17 de julio del 2019 tomó una postura de carácter político y no judicial como debiera ser, máxime que tiene facultad para ello. Sin embargo, es aún más incómodo y preocupante, sobre todo para el Estado de Derecho, que el Ejecutivo Federal no lleve a cabo un posicionamiento claro al respecto.
Recordemos que el Presidente de la República es el Jefe del Estado, el primero encargado de procurar el federalismo y además, tiene la facultad para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes locales y órganos locales de gobierno que vulneren la Constitución Federal, en este sentido, si el Presidente no actúa y acciona las instancias jurisdiccionales que pueden impedir que se cometa un acto inconstitucional es triste noticia para el estado de Derecho y para todos los mexicanos que sin duda, pueden ver un tufo de complicidad y de una especie de ensayo a futuro, en cualquier caso, es un suceso despreciable.