En ocasiones las partes que forman un todo se dispersan para ser más eficaces, y otras veces se concentran para ofrecer una mayor fortaleza. Entendiéndose esto, podremos afirmar que, parte de los cambios profundos que está tejiendo, el que será el nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, son la restructuración de la administración pública federal como nunca antes se ha visto.

Ese proyecto restructurador, fundamentamente consistirá en dos acciones de enorme calado: una, la descentralización de la mayoría de las dependencias que forman parte del gobierno federal, mismas que serán sacadas de la Ciudad de México para reubicarlas en los distintos estados del país; y dos, la desaparición de todas las delegaciones federales que se encuentran en cada uno de los estados de la República, para concentrarlas en una cordinación general por estado.

Todo este trazo reformador, ha causado asombro y desconcierto en diversos sectores de la sociedad, principalmente en los trabajadores de la burocracia, como también en algunos gobernadores. Desde luego que el asunto no es para menos, más cuando por naturaleza el ser humano siempre tiende a resistirse a todo cambio, por simple que éste sea, quizá por temor a sus efectos que necesariamente trae consigo y que desconoce su alcance.

Pero bien, la descentralización de la vida pública, va. Así parece ser que el nuevo gobierno, que entrará en funciones el próximo primero de diciembre, está decidido a llevarla a cabo, tal como lo anunció en campaña política el entonces candidato presidencial, López Obrador, con lo cual nadie se podrá decir engañado de ese objetivo paradigmático que en su momento puso sobre la mesa de la polémica y el debate.

Aunque bien a bien, todavía no se tiene la certeza de cuáles serán los beneficios que aportarán estos cambios en la administración pública de magnitud inusual, y que contrario a ello, sí han generado demasiado ruido y cierta incertidumbre. 

Tal pareciera que la idea es que, sacando de la Ciudad de México las distintas dependencias del gobierno federal, para llevarlas a los estados de la República, éstos se beneficiarían porque surgirían nuevos polos de desarrollo regional que implicarían creación de empleos y derramas económicas para  beneficio de sus propios habitantes. Así como también, posiblemente se considere que con estas mudanzas administrativas el gobierno estaría más cercano a la población.  Como también, visto desde otra perspectiva, quizá se piensa que llegó el tiempo en que no nada más la capital del país sea el crisol de las oportunidades.

Sin embargo, lo que más revuelo ha causado, son las cordinaciones en las que quedarán concentradas todas delegaciones de corte federal en cada estado del país. Un racimo de dependencias bajo el manejo de un super coordinador, a quien por ese solo hecho se le estaría dotando de un poder político enorme,  equiparable al de los gobernadores. Este el el recelo que hoy prevalece, dejándose de observar que la finalidad básica de esta acción de cambio, es la reducción de excesivas estructuras administrativas y consecuentemente la desaparición de altos salarios que se pagan a multiples fucionarios. En fin, una reforma administrativa, que dará una sacudida a lo perenne. Lo veremos.

Pálida tinta: Los fantasmas del pasado hoy persiguen a don Manuel Bartlett. Todo ha sido porque el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en días recientes lo ha nombrado director general de la Comisión Federal de Electricidad.  Sí, han surgido algunas voces furibundas en contra de tal nombramiento. Le cuestionan su antecedente priista, en el que su pecado principal consistió, que en el año de 1988, fungía como secretario de Gobernación, y que desde ese cargo, supuestamente, fue el responsable de la caída artificiosa del sistema de conteo de votos en la elección presidencial de esa época, que presumiblemente en sus primeros resultados arrojaban que le daban el triunfo al candidato presidencial de izquierda, Cuauhtémoc  Cárdenas, pero que finalmente se impuso Carlos Salinas de Gortari. No le perdonan ese pasaje oscuro, como injustamente tampoco le reconocen que él ha sido un mexicano singular, al convertirse en un férreo y auténtico defensor de los recursos energéticos del país, dado que implacablemente siempre se opuso a su privatización que entrañaba el proyecto de reforma energética, que posteriormente se consumó en una ley privatizadora. Tema en el que concidió a cabalidad con la postura de la izquierda parlamentaria tradicional, circunstancia que entre ellos generó un recíproco entendimiento y amalgamiento político.  Así que, las descalificaciones en contra de Bartlett, con tintes políticos del pasado, hoy tan solo son expresiones descoloridas y anacrónicas, ya superadas. Por el contrario, se podría destacar que es un hombre con una amplia experiencia en el servico público por los múltiples cargos que ha ocupado a lo largo de su amplia trayectoria administrativa y política, y que se ha adentrado tanto en el conocimiento del rubro energético, que hoy, sin lugar a  dudas, se le podría considerar como un verdadero experto en la materia, y que por lo tanto, para dirigir a una CFE, que se encuentra sumida en una profunda crisis, incluso al borde de la abismo, simplemente podría ser la persona idónea para rescatarla, que en estos momentos es una de la grandes prioridades del país.