A un mes de que se cumpla un año del terremoto del 7 de Septiembre de magnitud 8.2 que cobró la vida de decenas de personas en el estado de Oaxaca y destruyó miles de viviendas, el Gobernador priista Alejandro Murat Hinojosa niega la existencia de recursos para la atención a damnificados, lo que representa un duro golpe para las miles de familias que perdieron su patrimonio.

Y es que en Diciembre del 2017, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado, la LXIII Legislatura del Congreso local a iniciativa del diputado Carol Antonio Altamirano, aprobó un transitorio mediante el cual se crea el Fondo de Reconstrucción y Desastres con un monto inicial de 200 millones de pesos, que se establece con recursos fiscales distintos al endeudamiento público.

Este transitorio del Presupuesto para este año fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 20 de Diciembre de 2017 con la finalidad de que este Fondo fuera enfocado a dos vertientes: la reconstrucción de viviendas y la realización de un estudio sísmico.

Adicionalmente, durante el ejercicio del presupuesto, el Ejecutivo podría ampliar los recursos de dicho Fondo con recursos de origen federal, adecuaciones presupuestarias estatales, recursos provenientes de organizaciones no gubernamentales, nacionales, así como de gobiernos, empresas u organizaciones no gubernamentales extranjeras, además de legados y donaciones de personas físicas o morales.

Sin embargo, durante estos meses, miles de damnificados, principalmente de la región del Istmo, han tenido que seguir viviendo en el abandono, sin un hogar para brindar seguridad a su familia, y lo más lamentable, lidiar con los funcionarios del gobierno priista de Murat que sólo acuden a visitar las zonas devastadas para hacer turismo político y tomarse selfies para publicar en sus redes sociales.

Durante una de sus últimas giras a la región istmeña, Murat Hinojosa fue abordado por decenas de damnificados, quienes arremetieron en su contra por la falta de resultados y cuestionaron al mandatario priista sobre los recursos del Fondo de Reconstrucción y Desastres, a lo que el priista, a pesar de saber que estaba siendo grabado, respondió que dichos recursos no existían.

El video no tardó en volverse viral en redes sociales, por lo que los damnificados emprendieron movilizaciones en contra del mandatario y lo exhibieron en los medios de comunicación y ante la opinión pública.

En la Sesión del pasado martes 31 de Julio, el diputado istmeño Carol Antonio Altamirano, presentó un Punto de Acuerdo para exigir la comparecencia del Secretario de Finanzas para rendir cuentas sobre este escándalo y en tribuna, con sólidos argumentos evidenció esta nueva mentira del gobierno estatal priista.

El gobierno de Murat ahora trata de justificarse y finge sorpresa, cuando es su responsabilidad cumplir la ley para atender a los damnificados. Lo que le falta a este gobierno es voluntad y decisión para apoyar a la gente en vez de andar buscando pretextos y justificaciones tardías.

La simulación del gobierno para eludir su responsabilidad es una trampa inaceptable porque en la discusión de los ingresos y de los egresos siempre participaron funcionarios de la Secretaría de Finanzas, específicamente el subsecretario Gustavo Marcelo Benecchi, con quien se acordaron cada uno de los artículos del Presupuesto.

Lo más grave es que al mismo tiempo en que el gobierno estatal oculta y niega los recursos para los damnificados, actúe con una irresponsabilidad y falta de sensibilidad nunca antes vista, al aumentar el gasto en Servicios Personales como nómina, viáticos, gastos administrativos, entre otros rubros, lo que pone en claro que para el gobierno es más importante pagar la nómina estatal que atender a los afectados por el sismo, ya que de acuerdo al Informe de Cuenta Pública del primer trimestre del 2018, página 112, con el título clasificación por tipo y objeto de gasto enero marzo 2018, tan sólo en el primer trimestre del 2017, el gobierno priista ya rebasó lo aprobado para todo el año en el gasto de Servicios Personales.

El insulto a los oaxaqueños es doble: por una parte, el gobierno no ejerce el presupuesto de inversión destinado a los damnificados, incluso ignorando que tuvo en todo momento la posibilidad de hacer los ajustes necesarios, sea en el momento de la aprobación o 30 días después. Y, por otra parte, el gobierno del Estado gasta a manos llenas en servicios personales.

La responsabilidad del gobierno es absoluta, y lo que hace falta es voluntad política del gobernador para dar las instrucciones que resolverían el problema de fondo.

Lo que hace falta es controlar el gasto corriente y poner orden en las nóminas, al mismo tiempo, dejarse de pretextos y usar los recursos aprobados y publicados en beneficio de los damnificados.