El Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat, conformado de manera plural por senadores y diputados, y que me honra presidir, realizamos una jornada de análisis en torno a la seguridad vial mediante el conversatorio "Retos legislativos para ciudades más humanas y seguras", mismo que nos llevó a a conclusión de emprender una reforma urbana que impulse ciudades más competitivas, incluyentes y seguras.

Lo anterior, en ocasión del Día Mundial del Hábitat y tomando en cuenta la reciente adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que México celebró en la reciente 70ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para dejar constancia de la voluntad y el compromiso para responder no solo a los desafíos sociales, y económicos, sino también a los retos en materia ambiental que enfrentamos todos los países del orbe para hacer efectivo el derecho a una vivienda adecuada para todos y el tratamiento que por décadas han tenido los asentamientos humanos.

La seguridad vial no es un tema menor, pues de acuerdo con el Informe Nacional sobre la Situación de la Seguridad Vial en México 2014, del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA) los accidentes viales son ya la primera causa de muerte en niños de entre 5 y 9 años de edad y son la segunda causa entre los adolescentes (10 a 19 años) y adultos jóvenes (20 a 29 años), sólo por debajo de los homicidios.

Pero al ser las personas jóvenes las más afectadas, el impacto económico entre las familias y la comunidad es muy elevado. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las lesiones viales representan entre el 1.8 y 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, es decir entre 21 mil y 41 mil millones de dólares.

El mismo documento señala que las lesiones causadas por accidentes de tránsito ocupan la octava posición como causa general de muerte, por encima de enfermedades infecciosas y por debajo de enfermedades crónico degenerativas.

De ahí que el tema "Retos legislativos para ciudades más humanas y seguras" nos convocara para advertir que no podemos dejar en manos solamente de las autoridades locales en la materia. Es necesario continuar los esfuerzos que han emprendido gobierno federal, academia y sociedad civil organizada.

El reto es fomentar una auténtica cultura de la legalidad, y traducir los esfuerzos en acciones concretas sobre un tema que todos los días cobra vidas.

Además de orientar los objetivos hacia la actualización y armonización de los marcos normativos que regulan la materia de asentamientos humanos, entre otros temas sustanciales, coincidentes con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para garantizar una vida saludable para todos y en el cumplimiento de éste, en el Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat trabajamos en generar capacitación e indicadores para evaluar las acciones que mitiguen el efecto del cambio climático en los ámbitos Federal, estatal y municipal.

Hoy, México merece asumir y compartir responsabilidades para erradicar las añejas prácticas de hacer de las ciudades un negocio para unos cuantos, para que se conviertan en una auténtica posibilidad de vida digna para las mayorías.

Y en esa ruta, una nueva legislación en materia urbana debe incluir sanciones ejemplares y puntuales para que el ordenamiento territorial, la construcción de vivienda y de vialidades, así como la implementación de transporte masivo, sean parte de las soluciones para la sociedad y dejen de representar el negocio de unos cuantos a costa de todos.

Aunado a ello, un marco legal renovado enfrenta el reto de impulsar la construcción o adecuación de ciudades más humanas y sustentables, retomando la rectoría del Estado para velar por los espacios públicos, llámense parques, banquetas, cruceros o avenidas, lo que redundaría en ciudades más competitivas, seguras, menos contaminadas y personas más saludables.

@AnaLiliaHerrera

Senadora por el Estado de México y dirigente nacional del Movimiento Territorial