Buenos Aires, 30 nov (EFE).- El líder del sindicato argentino de empleados bancarios, Juan José Zanola, y otras seis personas fueron detenidas hoy por orden del juez federal que investiga una "mafia" para la venta de medicamentos caducados o adulterados, informaron fuentes judiciales.Los detenidos, entre ellos Paula Avallar, la pareja del sindicalista, son acusados de formar parte de una "asociación ilícita", agregaron los portavoces.También fueron apresados tres empresarios farmacéuticos, entre ellos Néstor Lorenzo, quien ya había estado detenido en estas actuaciones, y otras dos mujeres, todos ellos vinculados a la mutualidad del sindicato La Bancaria, apuntaron.La policía también se incautó de documentación que podría servir a las investigaciones por la llamada "mafia de los medicamentos", que instruye el juez Norberto Oyarbide desde septiembre pasado."No han culminado las detenciones. En estos momentos estamos detrás de ciertos funcionarios importantes", dijo Oyarbide a los periodistas.El juez señaló que las personas detenidas hoy "fueron ubicadas con toda facilidad, no han ofrecido resistencia" y apuntó que serán indagados el miércoles próximo.Zanola, líder de La Bancaria desde hace décadas, ha negado su responsabilidad en el tráfico de medicamentos vencidos o adulterados y atribuyó los cargos en su contra a disputas internas en el sindicato.A comienzos de mes, el juez había ordenado decenas de registros en Buenos Aires y su periferia, donde se detuvo a diez personas a quienes se les incautó medicamentos vencidos y troqueles falsos, además de documentación y unos 40 ordenadores.La causa por la "mafia de los medicamentos" pone en tela de juicio a entidades médicas manejadas por sindicatos, acusadas de falsificar historiales clínicos y adulterar fármacos en el país.El caso estalló a comienzos de septiembre con la detención de Lorenzo, dueño de la distribuidora farmacéutica San Javier y proveedor de medicamentos a numerosas obras sociales, quien fue apresado y liberado luego bajo fianza.La empresa de Lorenzo abastece a mutualidades de otros sindicatos que están bajo investigación.En principio, a Lorenzo se le acusa de haber defraudado al Estado por una suma que puede ascender a los 600 millones de pesos (unos 155 millones de dólares).El caso ha salpicado al Gobierno, ya que el juez Oyarbide reveló meses atrás que en la vivienda de Lorenzo se hallaron "una serie de facturas que tienen que ver con posibles aportes a la campaña presidencial" de 2007 de la presidenta del país, Cristina Fernández.