El gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, virtualmente vetó el "Bando de Policía y Buen Gobierno", conocido como la "ley anti-besos" recientemente aprobado por el cabildo del municipio de Guanajuato. De acuerdo con El Universal, ante la negativa a vetarlo por parte del alcalde de Guanajuato, Eduardo Romero Hicks, el gobierno estatal decidió no publicarlo en el periódico oficial del estado a fin de que no entre en vigor.

De acuerdo con el PAN estatal, el Bando no se publicará ya que "la gente lo rechaza." Agregaron que "los integrantes del Ayuntamiento intentan imitar normas de algunos países como Colombia para tratar de inhibir conductas como la mendicidad, pero aquí las circunstancias son otras."

El Bando prohibe y castiga hasta con cárcel los besos, decir "groserías" en la calle incluyendo la palabra "güey", pedir limosna, y obstruir la calle sin permiso. Esto ú3ltimo ha sido visto como una violación del derecho constitucional a la libre manifestación.

El jueves 15 de enero Eduardo Romero Hicks indicó que la ley estaba dirigida a los "agarrones de olimpiada". Por la noche, tras una reunión con Felipe Calderón, el dirigiente nacional del PAN, Germán Martínez, declaró en un noticiero de televisión que el PAN se deslindaba de esta ley--a pesar de que fue promovida por sus militantes--y que pedía al gobierno de Guanajuato que no la publicara. Esto fue visto como línea por parte de Felipe Calderón ante la posibilidad de que la ley anti-besos pudiera causarle bajas en la votación al PAN en las próximas elecciones federales.

Al día siguiente, vierns 16 de Enero, Romero Hicks se contradijo en una entrevista de radio al declarar que la ley no prohibía los besos pese a que dijo el día anterior que el problema eran los "agarrones de olimpiada." Declaró que la ley se congelaría para primero hacer una campaña "informativa" sobre la ley a los ciudadanos. Más tarde se negó abiertamente a vetarla. Por la mañana de hoy el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, decidió vetar la ley.

Cabe señalar que es la primera vez que el PAN da marcha atrás a una ley argumentando rechazo ciudadano. Ante el amplio rechazo a la reforma energética, que abre Pemex a la privatización, el PAN se negó a hacer caso a los reclamos populares exigiendo su rechazo.