Leí ayer el caso de Matías, un pequeño de Coahuila con discapacidad auditiva que fue arrebatado de los brazos de su madre mientras ambos jugaban en el patio de su casa.

Al infante se lo llevó su papá. A su madre se le prohibió verlo durante 15 días. Poco después acudió con orden judicial al domicilio del padre, pero lo encontró vacío. Matias desapareció.

Ahora su madre vive una angustia tremenda por estar lejos de su hijo de dos años, que requiere atención médica.

Estamos hablando de uno de los miles de casos de violencia vicaria que existen en México, donde los niños y las niñas son los más afectados. La violencia comienza en casa. Después viene el tormento, las acusaciones, los juzgados.

Hace unos días se llevó a cabo una audiencia histórica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se puso sobre la mesa lo que miles de madres y organizaciones han gritado por años: el aparato judicial muchas veces no protege, sino que se convierte en herramienta de violencia. Los agresores presentan denuncias falsas, manipulan procesos y aprovechan lagunas normativas para seguir castigando a la mujer a través de sus hijos. Las cifras que los colectivos han reunido son estremecedoras: hasta marzo de 2026 se registraron 5 mil 86 casos documentados, con 11 mil 100 niñas y niños afectados. Lo más doloroso: 90% de estas madres terminan enfrentando procesos penales injustos iniciados por quienes ejercen la violencia.

Las columnas más leídas de hoy

Es inaceptable que jueces y fiscales, encargados de impartir justicia, permitan que los procedimientos legales se transformen en otra forma de agresión. Las denuncias falsas, las resoluciones sesgadas, la lentitud o la indiferencia no son errores menores: son complicidad. La audiencia en la CIDH no fue solo un espacio de escucha, fue un llamado urgente: hay que reformar los códigos estatales para que la definición de violencia vicaria sea completa y sin exclusiones, capacitar a todo el personal judicial con perspectiva de género y de derechos de la infancia, y poner freno a quienes usan los tribunales para seguir lastimando.

La violencia hacia la mujer termina cuando los tribunales dejan de ser escudos para los agresores y se convierten en espacios donde se hace justicia real, donde se respeta el interés superior de los y las menores y donde ninguna madre debe temer que el sistema que debería defenderla la encierre. La CIDH ya escuchó el clamor; ahora corresponde al Estado mexicano dejar de dar respuestas vacías y poner orden donde la justicia se ha perdido.