Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una imagen de estabilidad y liderazgo nacional, el desempeño de algunos gobiernos estatales continúa generando ruido y desgaste político. El caso más evidente es Veracruz, donde la administración de Rocío Nahle atraviesa una crisis de gobernabilidad, credibilidad y ahora también una emergencia social por las inundaciones que han devastado amplias zonas del estado.
Durante las últimas semanas, las fuertes lluvias y el desbordamiento de ríos han dejado a miles de familias afectadas, carreteras colapsadas y comunidades incomunicadas, poniendo en evidencia la falta de planeación, prevención y respuesta del gobierno estatal. La ausencia de una estrategia coordinada y el retraso en la entrega de apoyos han provocado el malestar de la población, que percibe desorganización e indiferencia de sus autoridades locales.
En contraste, el gobierno federal ha tenido que asumir —una vez más— la responsabilidad política y operativa para atender la emergencia, enviando personal del Ejército, la Guardia Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil para auxiliar a los damnificados. Sin embargo, el costo de esta intervención no sólo es logístico, sino también político, pues el desgaste del gobierno de Veracruz recae inevitablemente sobre la imagen de la Federación y del propio proyecto de la Cuarta Transformación.
Mientras la presidenta Sheinbaum continúa reforzando su narrativa de resultados y avances —con obras estratégicas, programas sociales consolidados y una gestión que mantiene aprobación alta—, el caso Veracruz se ha convertido en un ejemplo del impacto que los gobiernos estatales mal evaluados pueden tener en la percepción nacional. La inoperancia local ante desastres naturales y la falta de coordinación institucional no solo agravan la tragedia humanitaria, sino que también erosionan la credibilidad política de un movimiento que busca proyectar unidad y eficiencia.
En resumen: Claudia bien, pero Nahle terrible. Veracruz se inunda literalmente, y con él, el prestigio de una gestión estatal que, lejos de sumar al proyecto federal, le impone un costo político innecesario a la Federación.