“Llora como una mujer lo que no supiste defender como un hombre.”

DICHO POPULAR

“Si uno reconoce la primacía de la razón y la aplica consistentemente, todo lo demás viene por descontado. Esto, la supremacía de la razón, era, es y será el principal interés de mi trabajo, y la esencia del objetivismo.”

AYN RAND

El reloj no se atrasó 50 años. No, ahora gracias a Rosario Piedra, retrocedemos más de 300.

Un poco de historia: el reconocimiento de los DH se da con la “Declaración de Derechos de Virginia” (1776). Esta influyó en la declaración de independencia de los Estados Unidos y más tarde impactó en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en la Francia revolucionaria.

¿Tan antiguo y a la vez actual concepto —el de los derechos humanos— para que ahora venga la titular de la CNDH a destruirlo? ¿Para hablar del “pueblo” en lugar de darle su valía y reconocimiento a cada individuo, particularmente este cuando al cumplir los 18 años se convierte en un ciudadano con derechos y obligaciones?

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta hoy se sostiene en la proclamación de la ONU (París, 1948) donde se establece que los DH son fundamentales y deben defenderse y respetarse en todo el mundo. Pero con su propuesta de “la defensoría del pueblo”, Rosario Piedra ha decidido desvirtuar la protección a los mismos.

Dado que la 4T presume que ya pronto seremos Dinamarca, sería bueno que la CNDH aspirara a ser al menos como en la propuesta original para la creación de la Comisión (esta data de 1809 y el modelo era sueco): que supervisara la aplicación de las leyes por parte de la administración pública y que no hubiera abusos o violaciones de los servidores públicos. En pocas palabras, ser una vía ágil y sin burocratismos que conociera las quejas de los gobernados y les brindara atención expedita.

Pero no, con la cuarta transformación vamos en sentido opuesto. El tornar los derechos humanos y su protección en una cuestión de “defensoría del pueblo” es desvirtuar la función de la CNDH.

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Para “defensorías” se tiene a los abogados de oficio (procuradurías del ciudadano o del pueblo) las cuales brindan a los quejosos un abogado para llevar su caso.

La propuesta de Piedra es retrógrada: desaparecer la verdadera función de defensoría FRENTE A la autoridad y tornarla en una cosa que tiene otra función y que ¡ya existe!

Cambiarle de nombre a la CNDH ni de lejos se traduce en atender la falta de cumplimiento de las recomendaciones que esta emita; de hecho es volver todos los procesos aún más complicados.

Tomadura de pelo hacer a un lado el trabajo de especialistas, de académicos y de juristas para privilegiar el “trabajo” de inexpertos y de gente que es poco objetiva.

El decir “elimino el requisito discriminatorio de contar con título de licenciado en derecho” es dejar a las víctimas en manos de amanuenses y sin una verdadera defensa.

Mientras que el planteamiento de que “las quejas tendrán el tratamiento de recursos de exigibilidad o incorporar la facultad de solicitar medidas cautelares o precautorias” es volver a la CNDH un garrote político, uno que puede terminar afectando a la propia víctima y también al resto de la ciudadanía.

Por cierto, ¿cuáles serán los criterios para decidir qué casos son “los exigibles” o los meritorios para solicitar medidas cautelares? Un engendro entre organismo autónomo y ejecutor y juzgador es lo que plantea la titular de la CNDH.

Lo de incorporar “el principio pro persona”, es algo que ya está contemplado hoy en la CNDH. De hecho con la reforma al Art. 1º Constitucional en 2011, todas las normas de derechos humanos se deberán interpretar para que favorezcan la mayor protección para la persona. Ponerlo otra vez, demuestra que no conocen ni la Constitución ni la forma en que funciona la CNDH. O que quieren vender espejitos o ser los inventores del hilo negro cuando ya existe.

Y nuevamente, la excusa para todo lo anterior es el argumento pitorro de que la Comisión gasta mucho.

Sin embargo, pasar a un proceso de austeridad indiscriminado no es válido. Es, de hecho, un crimen, una aberración. (¡Se gastará más en el cambio del nombre en papelería, oficinas, etcétera que todo lo que se dice será el ahorro.)

Resumiendo: la propuesta de Rosario Piedra es una pedrada constitucional contra la defensa de los derechos humanos del ciudadano. Es una burla adicional al Estado de derecho y que convertirá a la CNDH en lo que por ningún motivo debe ser: una institución presa de los humores y de las presiones políticas.