En México -no solo en el estado de Sinaloa- los ciudadanos tendremos que acostumbrarnos a convivir con una auténtica división de poderes. Es uno de los atributos más visibles de la convivencia democrática, indiscutiblemente.
Un país en donde ningún poder constitucional esté por encima del otro. Ese es al final de cuentas, el espíritu de un régimen republicano.
Si alguien creyó que en el actual gobierno de la ‘Cuarta Transformación’ se extraviaba el rumbo y el pueblo dejaba de ser el centro del interés de toda acción de gobierno, definitivamente se equivocó…
La visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, expresada en esa ‘construcción lingüística’ llamada ‘el segundo piso de la 4 T’, contempla consolidar la idea primigenia que le impulsó a su gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de construir un México más equitativo, más sustentable, pero, sobre todo más justo.
Por eso el impulso decidido a la renovación del Poder Judicial en todos sus órdenes, para que deje de servir a las élites y empiece a servir verdaderamente al pueblo y ayer, precisamente, apareció un primer fruto de este esfuerzo, digno de encomio y hasta celebración:
El Poder Judicial de la Federación, a través de uno de sus juzgados, emitió una resolución interlocutoria este 29 de julio, dentro del juicio de amparo instaurado por la defensa del alcalde Gerardo Octavio Vargas Landeros, que había sido desaforado por causales estrictamente administrativas desde el mes de mayo, ordenando que cesen de inmediato, los efectos del artículo 136 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y del artículo 41 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, señalados como inconstitucionales por la defensa del edil ahomense.
Ciertamente, el gobernador Rubén Rocha se ha mostrado extremadamente escrupuloso, en su exigencia hacia los presidentes municipales sobre el cumplimiento cabal y racional de los presupuestos en cada uno de los municipios.
Tan es así, que instauró sendos procesos de desafuero desde el inicio de su gestión, contra los alcaldes Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán, y Luis Guillermo Benítez Torres, quienes terminaron siendo ‘descarrilados’ políticamente en su legítima carrera hacia la candidatura de Morena a la gubernatura, abanderando al partido del anterior y de la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pues no terminaron su gestión al ser vinculados a proceso penal.
De hecho en su momento, al gobernador Rubén Rocha le costó una andanada de críticas en el Estado, la pretensión punitiva enderezada de parte del Poder Ejecutivo Estatal hacia los dos principales alcaldes, por “desempeño irregular de la función pública” (adquisición de luminarias a precios irracionales en Mazatlán y adquisición por “leasing” o renta de camiones para la basura en Culiacán) según quedó asentado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Con todo y la genuina pretensión punitiva del gobernador de Sinaloa, en su sospecha o convicción de que se cometieron ejercicios irregulares en el gasto en ambos municipios, el “acto de fuerza” se interpretó por los críticos y observadores políticos, como una forma ‘poco original’ de presionar políticamente a aquellos alcaldes, para ‘descarrilarlos’, dada su pretensión deliberada de ambos por competir en el entonces lejano 2027 por la nominación morenista para la gubernatura.
Sin embargo ahora, en el caso de Gerardo Vargas Landeros, un político de larga data, con formación política profesional y más historial que los alcaldes indiciados Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo Benítez, el Poder Ejecutivo encabezado por Rubén Rocha le instauró un juicio de desafuero vía la mayoría morenista en el Congreso del Estado y le abrió una carpeta de investigación por el probable delito de “desempeño irregular de la función pública”, cuando el alcalde en sus primeros días de su gestión (en su primer período de gobierno, en el año 2018) adquirió vía renta, más de un centenar de patrullas para atender el principal flagelo que azota al país y a la entidad sinaloense, como lo es la inseguridad pública pues urgía renovar la flotilla de patrullas y vehículos del Ayuntamiento de la ciudad de Los Mochis que, dicho sea de paso, gracias a la gestión de Vargas Landeros, se encuentra ubicado en el ranking de las primeras 10 ciudades mexicanas consideradas ‘más seguras’ del país, según diferentes estudios publicados con antelación.
Y sí, coincide con el pulso que tiene la población. En Los Mochis, cabecera del municipio de Ahome, no está extendido el problema de la inseguridad pública y su amenaza, como en la zona centro y centro sur de la entidad.
La gente le ha agradecido a Vargas Landeros que haya asumido con decisión el equipamiento de la corporación desde el inicio de su gestión se lo han dicho al gobernador Rocha. Y Vargas Landeros incluso ha declarado que “no se arrepiente de haber puesto por encima el interés de la población de mantener un municipio seguro y vigilado que incluso si se presentara de nuevo el desafío, volvería a asumir la decisión”.
Por eso se advierte que esta resolución del Juzgado Primero del Poder Judicial de la Federación, mediante la que se le ordena al Gobierno del Estado, acceda y disponga de lo necesario para que el Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, proceda a reinstalar en el cargo de manera inmediata, garantizando el pleno ejercicio de sus funciones, la percepción de sus emolumentos correspondientes y el acceso a las herramientas necesarias para el desempeño de sus labores, en tanto no se dicte una sentencia definitiva en el juicio de amparo principal es una forma de demostrar que el Poder Judicial se renueva y se vigoriza, para servir al pueblo y no a las élites gobernantes o con poder financiero.
Lo anterior dentro de la pretensión punitiva dispuesta por la carpeta de investigación FGE/FECC/09/2024/CI, promovida por el Agente del Ministerio Público respectivo.
Así entonces, el gobernador Rubén Rocha Moya tendrá una oportunidad inmejorable para demostrar al pueblo que gobierna y al país entero, que es un gobernante sereno y justo que no pretende asumir decisiones que están más allá del alcance de su propia competencia que sigue siendo el hombre sencillo e idealista que se propuso llegar algún día al poder máximo en su Estado, para ponerse al servicio de la población más vulnerable y para ser parte de la transformación política de este país.
¿Cómo?... Respetando y asumiendo esta disposición del Poder Judicial de la Federación.
Porque como todo demócrata, Rubén Rocha Moya seguramente está consciente del respeto al debido proceso y a los mecanismos de control constitucional frente a decisiones legislativas que impactan el ejercicio de los cargos públicos, pues ciertamente también, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas son temas neurálgicos para la opinión pública y para las instituciones democráticas.
Héctor Calderón Hallal en X: @pequenialdo; @CalderonHallal1;
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