La decisión del presidente Donald Trump de incluir a varios cárteles mexicanos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) ha reactivado un debate geopolítico de consecuencias impredecibles. Esta medida, que también los clasifica como terroristas globales especialmente designados, extiende las facultades del gobierno estadounidense para intervenir en asuntos que deberían ser tratados con plena cooperación bilateral.
Entre los grupos enlistados figuran el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, los Cárteles Unidos, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Tren de Aragua. Su inclusión junto a grupos como Al Qaeda o ISIS eleva la tensión entre los gobiernos de América Latina y Washington.
El argumento de Trump radica en que estos grupos controlan rutas ilegales hacia los Estados Unidos mediante métodos violentos. Sin embargo, más allá del discurso, la medida parece tener motivos políticos dirigidos a su base electoral, que exige acciones contundentes frente a la migración y al narcotráfico.
Lo que no menciona el republicano es que su gobierno contribuyó al incremento del tráfico de armas hacia el sur, lo cual fortaleció a estos grupos. Las omisiones son notorias cuando el objetivo es culpar exclusivamente a México de una crisis compartida.
El Departamento de Estado, al emitir estas designaciones, activa sanciones económicas y judiciales que afectan directamente a personas y empresas vinculadas. También criminaliza el apoyo material, aún si este resulta involuntario, lo cual plantea retos para agencias humanitarias y autoridades mexicanas.
En México, la respuesta ha sido prudente. La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo reiteró la importancia de una relación bilateral basada en el respeto a la soberanía, al tiempo que su administración ha reforzado la cooperación internacional en materia de inteligencia, migración y justicia.
A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Defensa Nacional, el gobierno mexicano mantiene canales de diálogo abiertos con los Estados Unidos, sin permitir imposiciones ni acciones unilaterales que violenten la Constitución mexicana.
La experiencia mexicana en materia de seguridad pública no es menor. El uso estratégico de inteligencia, la contención del tráfico de armas y la inversión social han sido las principales herramientas para reducir la violencia, sin recurrir al lenguaje del terror que ahora emplea Trump.
Aunque en El Salvador o Colombia se han usado argumentos similares para tratar con pandillas violentas, la experiencia demuestra que catalogar como terroristas a grupos del crimen organizado no resuelve el problema estructural de raíz. Al contrario, puede complicar la cooperación y generar más violencia.
En esta coyuntura, la administración de Sheinbaum Pardo ha actuado con responsabilidad institucional. Se ha blindado jurídicamente ante posibles injerencias extranjeras y ha defendido la vía diplomática, sin caer en provocaciones.
Mientras tanto, organismos como la Vandenberg Coalition en Washington respaldan esta política estadounidense con argumentos de libre mercado, afirmando que los cárteles impiden el crecimiento económico en zonas afectadas. Sin embargo, sus análisis omiten el papel de la demanda de drogas en territorio estadounidense.
La política de designación terrorista puede parecer contundente en el corto plazo, pero genera implicaciones serias en el ámbito internacional. México tiene la capacidad de contener al crimen organizado desde sus propias instituciones, sin recurrir a narrativas belicistas y esto lo sabe Ronald Douglas Johnson, embajador de los Estados Unidos en nuestro país.
El reto está en equilibrar la presión internacional con el fortalecimiento del Estado mexicano, algo que esta administración ha asumido con seriedad. A diferencia de otras épocas, la política exterior de México se ha conducido con dignidad y con visión de largo plazo.
El terrorismo es un fenómeno real y doloroso, pero convertirlo en un pretexto para justificar políticas internas o construir campañas electorales resulta irresponsable. No se puede combatir el crimen con más discursos de odio.
Por eso, ante este escenario, México ha respondido con firmeza. No se ha quedado callado ni ha caído en provocaciones. Ha reafirmado su soberanía con acciones concretas y no con amenazas vacías. Y eso, hoy más que nunca, importa.
Punto Cero
Aeroméxico lo hace de nuevo. Con visión, consistencia y estrategia, la aerolínea bandera de México amplía su red en Sudamérica, esta vez con una nueva ruta directa entre la Ciudad de México y Cali, Colombia. Pero este anuncio va más allá de una simple decisión operativa: representa una apuesta clara por la integración regional, el fortalecimiento de vínculos bilaterales y la consolidación del liderazgo de Aeroméxico en el continente.
A partir del 19 de junio, Cali se unirá a Bogotá, Medellín y Cartagena como destinos colombianos conectados directamente con México, alcanzando así un total de cuatro ciudades en el país sudamericano. En conjunto, serán más de 80 vuelos semanales, una cifra contundente que habla del dinamismo creciente entre ambas naciones.
El liderazgo detrás de esta expansión también merece ser reconocido. Pasquale Speranza, vicepresidente de ventas México de Aeroméxico, lo expresó con claridad: esta nueva ruta es una muestra tangible del compromiso de la aerolínea con los lazos que unen a México y Colombia, no solo desde una perspectiva económica, sino también familiar y cultural. Su visión y empuje han sido fundamentales para materializar esta conexión estratégica.
X: @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017