Esa frase de “traición a la patria” evoca el siglo XIX de la historia de México. Suena fuerte, lapidaria, dramática, escandalosa y mediática, y efectivamente, está tipificada en el Código Penal. La presidenta Sheinbaum y los voceros del obradorismo la emplean a diestra y siniestra con una ligereza pasmosa. La han usado contra personajes incómodos y hasta contra miembros de la oposición.
La detención de César Jáuregui, ex fiscal de Chihuahua acusado de haber promovido y permitido la participación de agentes de la CIA en una operación secreta dirigida al desmantelamiento de un laboratorio de drogas, y hoy señalado por una supuesta “traición a la patria”, levanta serios cuestionamientos jurídicos.
El delito de traición a la patria, tipificado en el Código Penal Federal, no se limita a castigar la promoción o permiso para que intervengan elementos extranjeros en el territorio nacional sin autorización, sino que se extiende a establecer que dichas acciones deben estar motivadas para socavar o atentar contra la independencia nacional y la integridad del territorio. La pregunta que juristas y la opinión pública se hacen hoy es: ¿una operación dirigida a la destrucción de un laboratorio ilegal implica necesariamente la intención del ejecutante de atentar contra el Estado mexicano? La respuesta es clara: no necesariamente.
En otras palabras, la decisión de la FGR de invocar ese citado delito como motivo de la detención y envío al Altiplano de Jáuregui no responde a una lectura estrictamente jurídica del Código Penal. Si bien el caso del ex fiscal podría derivar en otras imputaciones de corte administrativo, o tal vez penal, recurrir a la traición a la patria parece ser más un elemento de una maniobra política; sea como vía para reducir las posibilidades de que el PAN conserve el estado de Chihuahua en 2027, o como una operación de chivo expiatorio para que el sujeto absorba el golpe de las presuntas irregularidades cometidas por el gobierno de Maru Campos.
En suma, el caso Jáuregui y las razones de su imputación por parte de la FGR resultan, en el mejor de los casos, cuestionables desde la óptica del derecho penal, y en el peor, como un pacto entre Campos y el gobierno federal para sacudirse el escándalo de los agentes de la CIA. A pesar de la supuesta presencia de fuerzas federales en la operación de la sierra, nadie se atrevería hoy a asegurar la inocencia absoluta de la gobernadora chihuahuense ni de su ex fiscal.
Sin embargo, deben emplearse los canales jurídicos pertinentes, y no utilizar la figura de la “traición a la patria” como un instrumento de propaganda oficialista, y mucho menos, como salida fácil para dictar prisión preventiva contra un mexicano que merece todas las garantías procesales que el derecho confiere.