El presidente AMLO anunció el lunes el nombre de la próxima secretaria de Educación Pública. Se trata de Leticia Ramírez Amaya, quien se desempeñó como coordinadora de Atención Ciudadana cuando el tabasqueño fungió como jefe de Gobierno del Distrito Federal. Ha sido maestra por más de doce años y formó parte del primer Comité Ejecutivo Magisterial Democrático de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México.
Ramírez sustituirá a Delfina Gómez, quien será candidata de Morena al gobierno del Estado de México en 2023.
La noticia del nombramiento parece no vaticinar una buena noticia para los niños y jóvenes mexicanos. Como he argumentado en mis columnas en este espacio de SDPnoticias, el mayor obstáculo para el desarrollo de la educación pública en México ha sido históricamente la existencia del SNTE.
La función de un sindicato debe ser la protección de los intereses del gremio frente a las acciones del Estado. Deben actuar como un grupo compacto cuyo líder debe ser responsable de actuar como voz única para la negociación de las condiciones de trabajo y de un salario digno frente a posibles arbitrariedades del gobierno.
Sin embargo, como resultado de las condiciones estructurales que perviven en México, el SNTE, más allá de actuar como un grupo de balance en favor de los intereses de los maestros, devino en un grupo de presión política cuyo objetivo, lejos de proteger a sus integrantes, es chantajear a los gobiernos estatales (y al federal) para hacer que sus miembros ocupen cargos en las secretarias locales, y con ello, influir en la dirección de la política educativa. Estas prioridades, no obstante, no avanzan en el camino del mejoramiento de la educación, sino de los intereses gremiales del sindicato.
En otras palabras, la buena relación de los gobiernos con el SNTE ha estado ligada a un tema de gobernabilidad, pues el dirigente de una sección estatal, con una promesa de votos o con una amenaza de un cierre de avenidas o carreteras, buscaría que uno de sus líderes regionales fuese nombrado funcionario de alto nivel en la secretaría estatal.
Por estas razones el nombramiento de una mujer que ha estado ligada al SNTE, y aun peor, a la CNTE, es decir, a la disidencia magisterial, no es una buena noticia para la educación pública, si ésta se entiende como las oportunidades de que nuestros niños y jóvenes cuenten con los conocimientos y competencias para su pleno desarrollo.
Por el contrario, dadas las condiciones de nuestro país, un Secretario de Educación Pública debe estar alejado de los intereses del SNTE. De no ser así, las decisiones del titular de la SEP podrían estar sometidas a las “exigencias de las dirigencias sindicales”
Desafortunadamente el problema no empieza con la titular del ramo, sino con el inquilino de Palacio. A lo largo de sus cuatro años como jefe de Estado, AMLO ha demostrado su escaso interés por la educación. Renovó desde el primer día la alianza del gobierno con el SNTE, desmanteló la reforma educativa (la cual buscaba, en primer lugar, romper el lazo perverso con la dirigencia sindical y así recuperar la rectoría de la educación) y ha optado por secretarios que no han mirado por el bien de los niños y jóvenes mexicanos. Ahora, con Leticia Ramírez al frente de la SEP, las cosas no irán mejor para la educación pública en nuestro país.