El crimen organizado requiere de un estricto código de silencio, una explícita complicidad compartida. La traición mayor es la delación. Así ocurre con los grupos criminales, y para quebrarlos se ha creado la figura del testigo protegido o colaborador: privilegios procesales y perdón a cambio de información. El problema se agrava cuando existe complicidad criminal en el ámbito de la política porque envilece la justicia penal. En el obradorismo hay un pecado mayor: su relación opaca con el dinero en efectivo.
López Obrador tiene una imagen de persona austera que muchos confunden con honestidad. Por eso, la cúpula otorga gran importancia a las apariencias, porque en su código, la riqueza es sinónimo de corrupción, quien la ostenta está bajo sospecha. Honestidad no es austeridad, y las apariencias engañan. ¿De qué vivió López Obrador cuando no trabajaba para el gobierno? Es evidente que de dinero en efectivo, sin rasgarse las vestiduras, como muchos mexicanos en la informalidad. No es pecado mayor; la cuestión es el origen.
La situación es distinta cuando el dinero no es para el gasto personal sino para hacer política y eso cuesta, y mucho. Es un problema propio de las democracias. Con reserva, y hasta que no haya prueba concluyente, se ha señalado —con información no verificada— que el crimen organizado financió la campaña de López Obrador en 2006. En esa campaña y en otras hubo mucho dinero. No es difícil pensar que proviniera de empresarios o gobiernos que invirtieran en un posible ganador. Ilegal, sí, pero no para espantarse. Distinta y documentada es la situación del financiamiento ilegal ya en el poder.
Efectivamente, el contrabando de combustibles y con claridad el caso de Sergio Carmona —ejecutado en un operativo criminal de alta escuela en el municipio más vigilado del país— revela que las campañas a gobernador de Morena se financiaron con esos recursos. Las revelaciones que hace Julio Scherer, excoordinador jurídico de la presidencia sobre la relación de este empresario con Jesús Ramírez Cuevas son prueba irrefutable de que el contrabando tuvo como origen el financiamiento de las campañas. Después de la ejecución de Carmona dos marinos de alto rango, con estrecha relación personal con el almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina, fueron los articuladores de dicho negocio criminal. El contrabando fue una actividad promovida al más alto nivel, quizá promovida, bajo la premisa de que la elevada causa política todo lo permite. Imposible que el aparato de inteligencia criminal, conducido por un militar de gran cercanía con el presidente, no estuviera informado.
La denuncia y la investigación del contrabando de combustible fueron resultado de la presión de las autoridades norteamericanas. El código de silencio no fue quebrantado por decisión del gobierno nacional, sino impuesto desde el exterior. Es posible que las autoridades o la presidenta no dimensionaran el tamaño y la gravedad del delito, así como la magnitud de sus implicados y sus efectos, de llegar hasta las últimas consecuencias. La responsabilidad penal no se agota en dos altos funcionarios marinos, ni siquiera en el almirante Rafael Ojeda. Implica a muchos: arriba, abajo y a los lados. Revelador el silencio de la nueva titular de la FGR.
Similar es el caso del alcalde morenista de Tequila, Jalisco. Es difícil creer que la denuncia de una regidora haya derivado, por sí sola, en la aprehensión. Es probable que las poderosas empresas norteamericanas, italianas y británicas ahí establecidas, extorsionadas por el alcalde, recurrieran a sus respectivos gobiernos en busca de protección. Ochenta por ciento del tequila que se produce, se exporta, casi todo a Estados Unidos. Es posible que el embajador norteamericano planteara el asunto a la presidenta Sheinbaum; la presión es evidente porque el presidente Trump afirma que mandan los grupos criminales. Nuevamente, el código de silencio se rompe por presión del exterior. ¿Cuántos municipios reproducen la situación? Muchos, pero los afectados carecen del músculo de denuncia como en Tequila.
El pacto de silencio es indispensable para el crimen organizado. Morena prohijó, desde el poder, adicción al dinero mal habido para el financiamiento de sus campañas, buena parte de origen criminal. El caso de Tequila no es una anomalía, es un ejemplo de lo que ocurre en muchas partes, donde Morena decidió postular candidatos vinculados con el crimen y resolver el financiamiento electoral de manera delictiva. Como señalara Mary Beth Sheridan en su reciente colaboración en The New York Times: los criminales no solo son los de relieve; los más perniciosos están en casa, e ir contra ellos significaría desestabilizar al régimen obradorista al romper el código de silencio.