Los simpatizantes del obradorismo suelen llamar con toda ligereza a sus opositores fachos, retrógradas, conservadores, reaccionarios, de ultraderecha y toda una retahíla de calificativos fuera de toda proporción dirigidos a pintarles como indignos para representar los intereses de los mexicanos. Los propagandistas como Epigmenio Ibarra y los voceros del gobierno lo repiten incesantemente como si la vida misma se les fuese en ello. En contraste, se han autodefinido como un movimiento progresista comprometido con la democracia, las libertades, el respeto de las mujeres, la tolerancia, entre otros. Nada más alejado de la realidad.
Ahora bien, según se ha informado, se ha avanzado en la legislación secundaria relacionada con la prohibición de los vapeadores, impulsada por AMLO, seguida por la presidenta Claudia Sheinbaum y hoy contenida en el artículo 4 de la Constitución general.
Sin el ánimo de entrar en consideraciones en torno a la aberración jurídica y la pesadilla para los constitucionalistas que ha significado que esa brutal ocurrencia tenga espacio en el derecho mexicano, representa un retroceso sin precedente en el ejercicio de las libertades ciudadanas.
Han argumentado que se trata de un asunto de salud pública. Mienten. Saben bien que esa absurda medida no hará más que alimentar el mercado negro y enriquecer a las bandas criminales.
De acuerdo al dictamen aprobado en la comisión de salud de la Cámara de Diputados, se prevé una pena de hasta ocho años a todo aquel que venda, comercialice o consuma este tipo de productos nocivos para la salud. Dentro de los próximos días esta reforma a la Ley General de Salud será votada en el pleno de la Cámara Baja para luego ser turnada al Senado. Se vaticina que no existan mayores cambios a la redacción general.
¿Cómo puede el obradorismo y sus voceros pretender venderse como un partido progresista cuando han decidido trastocar el orden constitucional con una prohibición que no es algo más que un paso hacia la derecha más prohibicionista? ¿No tendrán quizás luchas más desafiantes como el combate contra el crimen organizado, la educación, la salud y la inseguridad? ¿Pueden estos legisladores presentarse dignamente ante la opinión pública mientras dedican su tiempo y salarios a profundizar una ridícula prohibición que nunca debió llegar a la Carta Magna?
El asunto de los vapeadores ha desnudado de nuevo al régimen gobernante. Lejos de aspirar a representar una izquierda progresista, buscan consolidarse como el movimiento más rígido, intolerante y prohibicionista que se empecina en traicionar la voluntad de la mayoría de los mexicanos y en coartar sus libertades.