En el mes de julio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma con el objetivo de garantizar un menor costo del crédito para las mujeres. La razón detrás de esta modificación a la Ley es que las mujeres mexicanas presentan menores tasas de impago que los hombres, es decir: son mejores pagadoras. La teoría económica nos dice que las tasas de interés que se cobran sobre un crédito están determinadas, entre otros factores, por el nivel de riesgo de que el deudor no pague. En consecuencia, a mayor confianza puedan tener los prestamistas en los deudores, menores deberían ser las tasas de interés que les cobren por el crédito que les otorgan.

Sin embargo, en el mercado mexicano, el mejor comportamiento crediticio de las mujeres no se reflejaba en beneficios económicos con respecto a sus contrapartes masculinas. Este fenómeno es sólo uno de los varios ejemplos de las diferencias que existen en el comportamiento financiero de ambos géneros. Un estudio de 2018 estimó que cerrar la brecha de género a nivel mundial generaría 40 millones de dólares (UN & Mellon, 2018).

En su reporte de 2020 “Los servicios financieros en México con perspectiva de género: Avances y áreas de oportunidad”, UNDP enfatizó que ciertas prácticas del sistema financiero mexicanos incluyen a las mujeres, pero al mismo tiempo refuerzan roles de género diferenciados. Por ejemplo, las microfinancieras que otorgan créditos grupales colaboran con la inclusión femenina, pero simultáneamente utilizan a las mujeres como fuerza de trabajo no remunerada mediante actividades como organizar reuniones y auto gestionar sus procesos de cobranza. Esto lo hacen aprovechando que muchas mujeres no tienen trabajos remunerados o están en el sector informal, lo que les otorga más flexibilidad de horarios que los hombres. Por lo tanto, no todas las acciones que aumentan la inclusión de las mujeres en el sistema financiero están diseñadas con perspectiva de género ni ayudan a reducir las desigualdades.

En el mismo reporte de UNDP se reportó que los programas gubernamentales que otorgan transacciones monetarias mediante el uso de tarjetas de débito potencialmente contribuyen a incrementar la bancarización de las personas, especialmente de las mujeres. Por ejemplo, entre 2012 y 2018, la brecha de género en cuanto a la tenencia de cuentas de débito y ahorro se cerró en las comunidades rurales de México, en gran parte gracias al impulso de las políticas sociales que requirieron que las mujeres en esas comunidades abrieran cuentas bancarias.

Según datos de la ENIF (Encuesta Nacional de Inclusión Financiera), aún persisten brechas de género en la tenencia de cuentas formales de ahorro e inversión a largo plazo, mientras que en instrumentos con alta liquidez, como cuentas de débito, la brecha se había cerrado en 2018. Esta misma encuesta reveló que la principal razón por la cual las mujeres no tienen cuentas de ahorros es por la insuficiencia de ingresos. A este fenómeno también puede contribuir la falta de estabilidad en el ingreso, pues si no se puede planificar a largo plazo, muchas mujeres preferirán mecanismo más informales de ahorro que les ofrecen más flexibilidad.

En este contexto de desigualdad bancaria y financiera, acciones como las que tomó recientemente la SHCP son muy necesarias. Es obligación de las instituciones públicas y privadas impulsar estrategias que ayuden a que las mujeres mexicanas tengan acceso a más y mejores productos financieros.